Vuelve un escándalo que resalta la vulnerabilidad de los mayores en la Comunidad de Madrid. La Plataforma Femar ha sido sancionada con 10.415,26 euros tras repetir un grave error: enviar comida podrida a una residencia de mayores. Este lamentable suceso, que ha desvelado la Cadena Ser que no es el primero de su tipo, ha ocurrido en la residencia pública para personas mayores de Colmenar Viejo durante el verano pasado, dejando en evidencia la negligencia y falta de escrúpulos de ciertas empresas encargadas de suministrar alimentos a sectores vulnerables de la población.
Ayuso ¿lo permite?
La Consejería de Asuntos Sociales ha hecho pública esta sanción a través del Portal de Contratación Pública, revelando que los días 22 y 26 de junio, los mayores residentes estuvieron a punto de consumir melones y sandías en estado de descomposición; los días 12 y 19 de julio, se entregaron cajas de huevos rodeados de un olor fétido y moscas; y el 10 de julio, piñas completamente negras por dentro. Es inaceptable que productos de tan baja calidad y en condiciones deplorables sean siquiera considerados para el consumo de un sector tan sensible como son nuestros mayores.
Femar, por su parte, se ha defendido atribuyendo la pobre calidad de los alimentos a las malas cosechas provocadas por la sequía, una excusa que apenas disimula la irresponsabilidad y falta de cuidado en la selección de productos aptos para el consumo humano. Además, esta empresa no solo ha comprometido la alimentación en residencias de mayores, sino que también ha sido responsable de enviar alimentos en estado de putrefacción a residencias infantiles, demostrando un patrón de negligencia que afecta a los más vulnerables.
Comida podrida
La renovación de contratos a una empresa con un historial de enviar alimentos podridos, como huevos con gusanos, fruta descompuesta y gelatinas caducadas, plantea serias preguntas sobre el sistema de adjudicación y supervisión de contratos públicos. La crítica de la diputada socialista Lorena Morales pone el dedo en la llaga al señalar la ineficacia de las penalizaciones impuestas, que parecen no ser suficientes para disuadir a empresas como Femar de continuar con sus prácticas deplorables.
La defensa de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que asegura que los alimentos fueron retirados antes de servirse gracias a los controles habituales, apenas mitiga la gravedad de la situación. Es alarmante que se continúe contratando con una empresa que ha demostrado repetidamente no cumplir con los estándares mínimos de calidad y seguridad alimentaria.
Este caso subraya una realidad incómoda sobre cómo la búsqueda de ahorro en los contratos públicos puede terminar sacrificando la calidad y la seguridad de los servicios esenciales. La salud y bienestar de los residentes de estas instituciones no deberían estar sujetos a la más baja oferta en una subasta. La insistencia en mantener relaciones contractuales con empresas que han fallado tan gravemente en su responsabilidad es una afrenta a la dignidad de nuestros mayores y niños, y plantea serias dudas sobre las prioridades de nuestros gestores públicos. La alimentación en residencias de mayores y de menores es un asunto demasiado crítico como para dejarlo en manos de quienes han demostrado no estar a la altura de la confianza depositada en ellos.