La Asociación Profesional de la Magistratura, APM, que cuenta con 1.413 asociados de los más de cinco mil jueces en activo, se opone a que éstos elijan telemáticamente a los miembros de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia. Las elecciones están previstas para noviembre próximo y la votación telemática cuenta con el pronunciamiento favorable de las otras tres asociaciones, Juezas y Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, además del Consejo General del Poder Judicial que es el organismo que propone este sistema que sería mucho más transparente y evitaría el fraude que puede producirse cuando un votante delega su voto en un compañero.
La APM, a la que se han unido algunas salas de gobierno, argumentan que la ley orgánica del Poder Judicial no contempla la posibilidad del voto telemático. Ya estamos otra vez con la tan traída y llevada controversia de que todo lo que no está regulado no es legal, como está ocurriendo con la amnistía. En este caso sucede lo mismo. Los conservadores creen que sería necesaria una reforma de la ley para votar telemáticamente. Las asociaciones proponentes rebaten este argumento señalando que la ley no excluye el voto telemático y que, además, ya existen precedentes sin necesidad de reformas legales. Y así es: el voto telemático se utilizó en las elecciones de la Comisión de Ética Judicial y cuenta con el informe favorable del gabinete técnico del CGPJ.
¿Por qué un sector conservador de la carrera judicial se opone? Es muy sencillo. Hay jueces que tienen dificultades para desplazarse hasta los colegios electorales por lo que la abstención suele ser elevada y eso favorece a la derecha. Y, además, se da con frecuencia la mala práctica de recoger y depositar votos por correo en manos de un solo compañero, lo que no garantiza la confidencialidad del sufragio.
Las salas de gobierno de las instancias judiciales superiores tienen su importancia. Las del Tribunal Supremo y las de la Audiencia Nacional están compuestas por el presidente del Tribunal, los presidentes de Sala, y un número igual de vocales elegidos por sus compañeros. Las de los tribunales superiores de justicia están compuestas por su presidente, los presidentes de las Salas, los presidentes de las audiencias territoriales y un número igual de vocales, de los cuales al menos uno tiene que ser juez. Entre sus funciones más importantes figuran el reparto de las causas y la asignación de las ponencias sobre las resoluciones de su competencia. En caso de discrepancia, son las que tienen la potestad de decidir. Y lo más relevante: proponen al Consejo General del Poder Judicial los nombramientos de los magistrados que deben ocupar las vacantes. En resumen: son el verdadero gobierno de las instancias superiores los que, al final, resuelven las causas. De ahí la importancia de la elección de esos vocales que son decisivos puesto que cuentan con el mismo número de votos que los miembros natos.
En las anteriores elecciones, los afiliados a la APM obtuvieron 61 de los 117 puestos en juego. En el Tribunal Supremo obtuvo tres de cinco, uno fue para Juezas y Jueces para la Democracia, y el otro para un no asociado. En la Audiencia Nacional consiguió los 3 puestos que se elegían. Y arrasó en las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia con mayor número de jueces: Comunidad Valenciana (6 de 6); Galicia (7 de 7), Castilla-La Mancha (8 de 8), País Vasco: APM 6 y Juezas y Jueces para la Democracia 1, Andalucía :14 APM y 1 la Asociación Francisco de Vitoria, en Madrid la APM sacó 3 y una coalición formada por la Francisco de Vitoria y el foro Judicial Independiente 1, y, por último, en Cataluña la APM obtuvo 6 vocalías y 1 Juezas y Jueces para la Democracia.
A medida que se van conociendo los detalles sobre el funcionamiento de los tribunales de justicia en España se comprende mejor el control de estos por parte de la derecha judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura se ha convertido en un poder en la sombra. Sus afiliados acaparan los puestos claves a la hora de dictar sentencia y eso se está comprobando en las salas de gobierno de las altas instituciones. Ahora buscan acaparar, también, el último reducto “político”, el Consejo General del Poder Judicial, con la promesa de Alberto Núñez Feijóo de que si el PP logra gobernar acabaran con el sistema parlamentario de designación de los vocales del máximo órgano de gobierno de la judicatura cambiándolo por la elección directa de los jueces tal y como se hace con los fiscales.
Si sale adelante esta reforma que pretende el Partido Popular, está claro quien obtendría la mayoría de las vocalías. La APM monopolizaría un organismo cuyos servicios técnicos están controlados por los conservadores. Los actuales vocales se han encargado, poco a poco, de ir colocando a los funcionarios afines en los puestos clave, la secretaría técnica, el servicio de estudios, y la Escuela Judicial donde la designación de su nueva directora en funciones ha generado un conflicto político. La sede de la Escuela Judicial está, desde 1997, en Barcelona y la elegida, María Jesús Millán de las Heras, es la directora del servicio de Formación Continua situado en Madrid. Y han surgido suspicacias. Se ha corrido el rumor de que se pretende trasladar la sede a la capital de nuevo. Últimamente, la gestión de la escuela judicial ha sido cuestionada por los conservadores.
El objetivo de la derecha es controlar todos los resortes de la carrera judicial para ponerla al servicio de sus intereses. Y es que ya puede haber titulares de los juzgados locales con una profesionalidad fuera de toda duda. Mientras en las instancias superiores el conservadurismo siga dominando sus mecanismos decisorios, la justicia en este país seguirá siendo de todo menos justa.
