¿Qué pinta en España la Comisión de Venecia analizando el proyecto de ley de amnistía?

Vienen a darse un paseo por Madrid. Preguntan a unos y otros y se comprometen a la elaboración de un “informe técnico” sobre la ley de amnistía como si no tuviéramos suficiente con los que realizan los organismos que se consideran con derecho a opinar sobre una iniciativa cuyo debate y buen fin compete exclusivamente al parlamento, expresión de la soberanía nacional.

Esto no es “una democracia orgánica” y aquí sobran los que dicen si la amnistía es inconstitucional porque la única institución legitimada para decirlo es el Tribunal Constitucional. Tampoco pueden dudar de su legalidad porque eso corresponde al Tribunal Supremo y, en última instancia, al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Por mucho que se empeñe el rodillo de Partido Popular en el Senado en pedir dictámenes, los únicos que tienen validez son los de estas instituciones. Y el de la Comisión de Venecia sólo va a servir para pagar los gastos de esos supuestos expertos que estuvieron en el parlamento recabando opiniones y, luego, se supone que dándose la gran vida en los lugares de esparcimiento de la capital porque para otra cosa no ha servido su estancia. El gobierno y el parlamento se pasarán sus alegaciones por el “arco de triunfo”.

Nunca la promulgación de una ley había sufrido tantas y tan fuertes presiones como esta de la amnistía. Hasta una insignificante presencia como es la de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, ha sido aireada por la derecha mediática como si fuese un nuevo ejercicio de censura hacia la iniciativa. Lo único que falta, ya, es que se pida opinión al ultra presidente de Argentina, Javier Milei, porque es que ya se han sacado de contexto todas las de las instituciones nacionales y europeas.

Al PP habría que recordarle que el ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy “amnistió” a los defraudadores de impuestos. Eso sí que es romper el principio de igualdad de los españoles y no lo que dicen que se está haciendo con los independentistas catalanes cuyo único delito fue intentar llevar a cabo una acción que políticamente puede ser rechazada pero que es legítima democráticamente. Aunque se les acuse de malversación no se puede decir que hayan robado un euro como hicieron los perdonados por el PP.

Y en ese cúmulo de despropósitos a base de solicitar dictámenes y opiniones de cualquier índole, el último ha sido el que el Partido Popular ha pedido a la Comisión de Venecia, un organismo técnico del Consejo de Europa que, recordemos, es una organización ajena a las instituciones de la Unión Europea, que cuenta con miembros extracomunitarios, y que se dedica a “promover, mediante la cooperación de los estados, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley”.

A pesar de este principio fundacional, entre sus miembros se encuentran países con regímenes de escasa calidad democrática como es Turquía, Moldavia, Macedonia del Norte, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia, Serbia, Montenegro y Mónaco. Y paraísos fiscales donde se ocultan grandes fortunas de dudosa procedencia como son San Marino, Andorra y Liechtenstein. Así pues, la Comisión de Venecia forma parte de una institución que escasamente puede dar lecciones de democracia, igualdad y derechos humanos con socios de semejante calaña. Pero es que, además, la Comisión de Venecia integra a otros miembros que no pertenecen al Consejo hasta llegar a 62. Y entre ellos figuran Argelia, México, Perú, Túnez, Kosovo… Vaya lecciones de constitucionalismo pueden dar los gobiernos de esos países.

Los siete “expertos” de la Comisión, que se reunieron con los portavoces parlamentarios y representantes de las instituciones, se interesaron por “cuestiones técnicas” pero la derecha mediática ya se ha encargado de adelantar que pusieron en duda la legalidad democrática de la presentación de la ley como “proposición de un grupo político” y no como una decisión del Consejo de Ministros con lo que se buscaron los atajos necesarios para no tener que pedir los dictámenes a los organismos consultivos correspondientes.

Se vuelve a la misma matraca: se saltaron al Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial cuyas opiniones lo único que hubiesen hecho es retrasar la tramitación de la norma. En cuanto a las garantías respecto al registro de la proposición o la presentación de enmiendas, nada pueden objetar estos “expertos” porque los trámites se han hecho conforme al reglamento del Congreso de los diputados. Sus letrados, que son los que deciden sobre estas cuestiones, no han efectuado alegación alguna, al menos que se sepa. En cuanto a si la norma cabe en la Constitución española, hay que volver al argumento de siempre. En este país quien decide si una decisión entra dentro de los márgenes señalados en la Carta Magna es el TC y su presidente ya ha dicho que no se van a pronunciar, ni individual ni colectivamente, hasta que el texto no se publique en el Boletín Oficial del Estado y se presenten los oportunos recursos. Y no sólo lo han dicho en el TC sino también hay ya sentencias del Supremo en las que dicen, a las claras, que no “se van a entrometer en las acciones políticas”.

Al parecer, los siete miembros de la Comisión de Venecia han dejado claro que no van a entrar en el carácter político de la iniciativa ni van a juzgar la idoneidad de la ley, sino si los trámites se están cumpliendo. Si es así, mejor se hubieran quedado en casa porque si una cosa tiene este país es un Estado de Derecho plenamente garantista. Aquí se cumplen escrupulosamente los procedimientos, no como en algunos de los estados miembros de esa Comisión. Más les valdría limpiar su propia casa antes que ir a otros países a enmendar lo que ellos no hacen.