La Oficina Antifraude de Cataluña ha dictado una histórica resolución en España para salvaguardar los derechos de una interina que denunció actos de corrupción en su lugar de trabajo. Este importante logro se ha producido en una destacada Administración pública de la provincia de Barcelona, y garantiza que la interina no sufrirá represalias por su valiente denuncia.
Esta decisión se fundamenta en la reconocida Directiva Whistleblower 2019/1937 de la Unión Europea, la cual establece un marco legal que protege a quienes informan sobre infracciones al Derecho de la UE, así como a su entorno familiar y empresarial.
También se ha tenido en cuenta la Ley 2/2023 de 20 de febrero, que regula la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Esta ley reciente prohíbe expresamente represalias y amenazas contra quienes denuncien o informen sobre una infracción cometida o que pueda cometerse. Las represalias incluyen la suspensión del contrato laboral, el despido, daños de cualquier tipo y evaluaciones negativas en cuanto al desempeño laboral o profesional.
En este caso, la interina denunció posibles irregularidades en el nombramiento de funcionarios interinos por parte de la entidad local, alegando que no se habían acreditado debidamente las circunstancias de urgencia y excepcionalidad requeridas. Además, también denunció otras cuestiones relacionadas con la contratación de personal.
Josep Jover, abogado especializado en protección de denunciantes, ha señalado a Diario16 que a partir de ahora la interina gozará de ciertos derechos, como el acceso a la justicia gratuita y la atención psicológica. Además, no podrá ser despedida y la administración pública tendrá prohibida la asignación de tareas junto a compañeros con los que haya tenido problemas previos. La resolución es definitiva y no admite ningún recurso en su contra, tal como establece la Directiva correspondiente.
Esta normativa debe implementarse en todas las administraciones y empresas públicas, así como en empresas privadas con una plantilla de 50 empleados o más, o que cumplan ciertas condiciones relacionadas con la legislación de blanqueo de capitales.
En este momento sólo existen dos único buzónes de denuncias públicos que es el de la Agencia Antifrau de Catalunya, y el de la valenciana. A éstos se les debe sumar los diferentes privados como, por ejemplo, el de ASPERTIC-VIADENUNCIA.
Después de realizar la denuncia, la interina afirmó haber sufrido acoso laboral, sobre lo cual la Inspección de Trabajo estaba también informada. Además, señaló que se tomaron represalias en su contra que se sustanciaron concretamente en su participación en un proceso de estabilización de plazas, donde se le negaron injustificadamente las certificaciones necesarias para respaldar sus méritos según las bases del proceso de selección. Esto resultó en un cálculo arbitrario e irrazonable de sus méritos, ignorando períodos de servicio y funciones desempeñadas.
La interina también hizo hincapié en el favoritismo injustificado en los méritos de otra candidata, lo cual le impidió participar en el proceso de estabilización de empleo. Atribuyó este perjuicio directamente a su condición de denunciante.
La resolución de la Oficina Antifraude de Cataluña, a la que Diario16 ha tenido acceso, constató, a través de fuentes abiertas en la publicación del proceso de convocatoria por parte de la entidad local, las diferencias en la puntuación otorgada durante el proceso de estabilización, tal como lo había denunciado la interina. Estas diferencias fueron consideradas como perjuicio y consecuencia directa de las acciones de represalia.
Desde la emisión de esta resolución, que tuvo lugar el pasado martes, la denunciante se encuentra protegida y respaldada por las autoridades.