El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cree que su “figura está blindada” y que el “Gobierno no lo puede cesar”. Sin embargo, aquella nota de prensa remitida por la Fiscalía a los medios de comunicación, en la que se desvelaban los detalles de las negociaciones mantenidas entre el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal de Madrid, Julián Salto, se ha convertido en un veneno casi letal para él. García Ortiz mantiene que la actuación del Ministerio Público fue “proporcionada”. “Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces”, añadió. “No podemos consentir que se dé una información falsa”, agregó sobre la actuación de la Fiscalía, que terminó con la admisión de dos querellas por parte del TSJM por un delito de revelación de secretos.
Eran los días en que el PP pedía el cese del fiscal general del Estado tras la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. El Tribunal Supremo canceló la designación de Delgado tras estudiar los recursos de la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
De momento, Ortiz parece fuera de peligro. Sin embargo, todo puede cambiar en los próximos días. En las últimas horas, Alberto Núñez Feijóo ha dejado la puerta abierta a un posible acuerdo con el PSOE para desbloquear por fin la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Lo vamos a intentar”, dijo el líder del PP a preguntas de La Sexta en los pasillos del Congreso de los Diputados. “Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar”, reincidió Feijóo.
Unas palabras que el dirigente popular pronunciaba antes de intervenir en la sesión de control, donde Pedro Sánchez le reprochó el bloqueo del CGPJ: “Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición aparecen sus jefes: el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso… y le dicen ni se le ocurra”, aseveró el presidente del Gobierno.
El paquete de negociación sobre un posible acuerdo entre PSOE y PP para renovar las magistraturas de la Justicia incluye, cómo no, al fiscal general del Estado, que podría convertirse en el cabeza de turco, el peón sacrificable que pague ese pacto final. Los populares habrían pedido ya la pieza de Ortiz, algo a lo que se muestra reticente Moncloa. A Pedro Sánchez no le ha temblado el pulso cada vez que ha tenido que entregar a uno de los suyos. Y tampoco le va a parar lo que diga la ley sobre el nombramiento del fiscal general del Estado. Recuérdese cuando Sánchez, durante una entrevista, le preguntó al periodista: “¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está…” El premier socialista trataba de explicar cuál sería la actuación del Gobierno en el caso de que el juez Pablo Llarena activara la euroorden contra Carles Puigdemont. Tras la sentencia del procés, el presidente recordó que fue la Fiscalía quien pidió dicha activación, una prueba, a su juicio, de la acción del Ejecutivo. Asimismo, el presidente, en aquel momento en funciones, aseguró que estaba haciendo lo posible y trabajando para que “más pronto que tarde” Puigdemont rindiera cuentas ante la Justicia española. Y para ello no dudaría en utilizar todas las armas al alcance de Moncloa, en las que incluyó al Ministerio Fiscal.
Lógicamente, aquello provocó un gran revuelo y el líder socialista tuvo que salir a explicarse en Twitter. “Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general”. Tras el dislate presidencial de sugerir que la Fiscalía depende directamente del Gobierno, en el PSOE salieron de inmediato al paso para calificar aquella declaración de “un error que se achaca al cansancio del candidato”.
Es evidente que Sánchez presionará para que Ortiz presente su renuncia en el caso de que se convierta en un estorbo en la futura negociación para la renovación del CGPJ. El fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el rey de España a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. La elección debe recaer entre juristas de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. De momento, el fiscal general se muestra tranquilo, pero quizá aún no sea consciente de que su cabeza pende de un hilo. Si hay que ponerle un precio al acuerdo PP/PSOE, y él forma parte de esa transacción, nada podrá salvarlo. Caerá como han caído otros. Ya se encargará el Gobierno de mover a sus peones en la judicatura para sacarlo del despacho si es necesario.
En Génova le tienen ganas al próximo cesado. Y la judicatura conservadora lo detesta con todas sus fuerzas. Los fiscales del procés que se han rebelado contra él, alegando que no aplicarán la ley de amnistía, es una muestra más de las tensiones que se viven en el Ministerio Público. Acorralado por los magistrados del Supremo, con la mitad de la plantilla de fiscales en su contra y con Sánchez sopesando quitárselo de encima, el pellejo de Ortiz no vale nada. Será apartado de su cargo más pronto que tarde. Otra cosa es que finalmente el Gobierno y el PP no se entiendan y se rompan las negociaciones. En tal caso, quizá podría seguir un tiempo más.
