Desde la Agrupación de Periodistas de UGT lanzar un mensaje claro y rotundo: “no vamos a permitir que se señale a quienes denuncian los discursos de odio”. Las campañas de acoso promovidas por dirigentes de la extrema derecha contra periodistas que informan sobre el racismo, la persecución a personas migrantes o las violencias en las instituciones no son episodios aislados, sino parte de una ofensiva organizada para silenciar voces críticas y deformar la realidad.
Reclaman que las fuerzas de seguridad del Estado defiendan el ejercicio del periodista, ya que su integridad peligra cuando intenta informar sobre concentraciones de racistas.
Lo ocurrido recientemente en Torre Pacheco —donde se difundieron por redes sociales imágenes de batidas ciudadanas contra personas migrantes, alentadas por bulos racistas y discursos ultras— no es un hecho puntual ni anecdótico. Es un síntoma grave de un clima político tóxico que se extiende si no se combate con urgencia. Y quien lo denuncia, paga un precio alto: el señalamiento público, los insultos, las amenazas y la criminalización en redes sociales.
El odio no se combate silenciando a la prensa
Los ataques a periodistas que informan sobre el racismo, ya sea en España, en Europa o en Estados Unidos, no son fruto de la casualidad. Son parte de una estrategia de desinformación que intenta convertir al mensajero en el enemigo. En esta lógica perversa, quien denuncia la persecución a personas migrantes es acusado de manipular. Quien señala el aumento de la violencia xenófoba es tachado de traidor. Y quien informa con rigor sobre los discursos extremistas es blanco de campañas de acoso digital, alimentadas desde cuentas oficiales de líderes políticos que deberían estar defendiendo la democracia.
No se puede tolerar que figuras públicas utilicen su poder institucional para acosar a periodistas. No se puede justificar que se señale con nombre y apellidos a quienes simplemente hacen su trabajo: informar con honestidad, contrastar datos, mostrar lo que otros intentan ocultar.
No se puede normalizar lo inaceptable
La persecución a periodistas por parte de la extrema derecha es una forma de violencia política. Y como tal, debe ser denunciada con firmeza y enfrentada con todas las herramientas del Estado de derecho. Es inaceptable que se banalice este tipo de acoso, que se blanquee como “libertad de expresión” o que se le dé espacio institucional a quienes lo promueven.
Desde la Agrupación de Periodistas de UGT exigen que se ponga freno al uso político y partidista de redes sociales para atacar a la prensa. Que no se otorguen acreditaciones ni se facilite el acceso institucional a quienes, lejos de informar, se dedican a propagar odio. Que se proteja, de forma real y efectiva, a quienes ejercen el periodismo en condiciones cada vez más difíciles.
Defender a quienes informan es defender la democracia
La libertad de prensa no es negociable. Es uno de los pilares básicos de cualquier sociedad democrática. Y proteger a quienes ejercen el periodismo —especialmente a las mujeres periodistas, muchas veces doblemente atacadas por razón de género— es un deber colectivo.
Desde la Agrupación de Periodistas hacen un llamamiento a todas las instituciones, colectivos sociales y ciudadanía: “no podemos mirar hacia otro lado. Lo que está en juego es el derecho a saber, a estar informadas, a vivir en una sociedad donde el miedo no sustituya a la verdad”.
Porque sin prensa libre, solo queda propaganda. Y sin periodistas valientes, solo quedan voces silenciadas.