Los pasados días 23, 24 y 25 la familia estaba expectante esperar poder hablar con Gerard y Laia por ser los días de Navidad. La última vez que Regina Magundayao Valdez permitió contactar con ellos fue una breve videollamada hace dos semanas.
En aquella llamada, que realizaron las hijas, como siempre los pequeños pidieron por su padre. El problema que tiene la familia es que Regina, si bien permite llamadas de las hermanas cada 15 días o 3 semanas aproximadamente, muy raramente permite que el padre hable con los niños. Cada día recibe un mensaje del padre solicitando hablar con sus hijos en los tres móviles que maneja Regina. Cada día recibe el silencio por respuesta.
En esta situación, la familia insistió desde día 23, recalcando las fechas que eran. Finalmente, la mañana del 24 Regina permitió una breve llamada a la hermana menor, a la cual los pequeños preguntaban “¿Dónde está papá?”. La hermana menor llamó corriendo a su padre, que trató de contactar con ella y los parientes, pero no pudo hablar con sus hijos. La cuñada de Regina envió un mensaje diciendo que no se podían poner al teléfono porque estaban celebrando la Navidad”. Otra familiar respondió “Feliz Navidad. Que tus celebraciones estén llenas de calidez, alegría y momentos increíbles con tu familia”. Una auténtica tortura psicológica.
El caso va tomando tintes de secuestro
Laura Rodríguez Caro, la portavoz de la familia, señala que una cosa son los divorcios donde un miembro tiene más horas de guarda y custodia que otro, o bien que pactan unos horarios para llamar a los hijos, pero otra cosa es el caso de una mujer que exige dinero para devolver los niños y que limita el contacto con el padre.
“Vamos a denunciar ante la Autoridad Central Filipina que esta abducción se está desarrollando, en la práctica, como un secuestro”, señala Rodríguez Caro. Además del correo de Regina Magundayo Valdez señalando el móvil económico, ha trascendido que también rechazó la oferta de la escuela de los niños consistente en realizar clases online. Denuncia que, una vez más, la colaboración del Departamento de Educación de la Generalitat es nula, puesto que tendrán que exigir por vía judicial que aporten todas las pruebas que tienen.
“Es una carrera contra reloj”, indica Rodríguez Caro, y la Generalitat de Catalunya no hace más que retrasarnos. Por suerte el Juzgado de Rubí (que gestiona casos de Sant Cugat) se ha tomado el caso con la celeridad debida a pesar de su saturación.