Espartal-Ecologistas en Acción ha presentado una nueva denuncia al Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente tras detectar vertidos recientes en los arcenes de una vía de acceso situada a la altura del km. 29 de la A-4 y próxima a su intersección con la M-404.
En este punto negro se acumulan desde hace años toneladas de residuos de construcción y demolición, neumáticos fuera de uso, muebles, residuos domésticos, microplásticos y fibrocemento, un producto de gran toxicidad. De hecho, pese a las reiteradas denuncias registradas desde el año 2018, la totalidad de las fracciones de este material peligroso “ha subsistido” a la gestión de los últimos cuatro concejales de Medio Ambiente de la localidad. Buena parte de los vertidos ahora denunciados está constituida precisamente por placas de uralita.
El abandono de escombros y enseres llega incluso a obstaculizar el tránsito normal de vehículos, por lo que operarios de una factoría cercana recurren al empleo de maquinaria pesada para despejar la invasión puntual de la calzada. Estas labores han causado ya daños considerables al arbolado que flanquea ambos márgenes. "Ni tan siquiera la acumulación de material combustible bajo torres de alta tensión induce la intervención subsidiaria de unas autoridades incapaces —en seis años— de obligar a los titulares de las parcelas afectadas a retirar los residuos, tal y como establece la normativa vigente", critica la organización.
"El actual concejal elude sus responsabilidades"
Corresponde a las comunidades autónomas y a las entidades locales ejercer la vigilancia e inspección, así como la potestad sancionadora. Ante la falta de respuesta institucional, Espartal-Ecologistas en Acción dirigió en septiembre una petición al actual titular de Medio Ambiente, José Antonio Reyes Murillo, para efectuar sobre el terreno una valoración conjunta de los riesgos sanitarios y ambientales del vertedero incontrolado.
"Dos meses y medio después de esta solicitud sigue sin producirse contestación del máximo responsable del medio ambiente local. La persistente ausencia de respuesta a todos estos requerimientos constituye una vulneración del artículo relativo al acceso a la información y a la justicia y participación en materia de residuos, de la vigente ley de residuos y suelos contaminados", explica la organización.
Consideran que "se trata de la misma norma invocada por el Gobierno municipal para justificar su reciente modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos, que significará —para la mayor parte de la ciudadanía— un desembolso de 159 euros frente a los actuales 45".
Sin noticias del inventario municipal de amianto
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga además a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tras agotarse el plazo legal concedido, la asociación ecologista reclamó esta información al Reyes Murillo en dos ocasiones, en diciembre de 2023 y en junio de este mismo año, sin obtener respuesta hasta el momento.
En palabras de su portavoz, Julio Martín: “Esta inoperancia es inadmisible. Permitir que el vertedero siga creciendo —incrementándose los riesgos para la salud y el medio ambiente—, así como negar los derechos de información y participación ciudadana, son decisiones con claros responsables políticos y técnicos. A la vista del número y antigüedad de las escombreras del municipio es evidente que este grave asunto no ocupa espacio alguno en esa tan apretada agenda del señor concejal. Observamos con enorme preocupación el creciente retraso de Valdemoro en materia medioambiental respecto a otras localidades de nuestro ámbito como Pinto o Getafe”.