"Según la información presentada por España en el último informe para el período 2013-2018, el lobo se encontraba en un estado de conservación desfavorable en las tres regiones biogeográficas de España", ha añadido la comisaria en una respuesta escrita a una pregunta de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero.
Montero preguntó a la Comisión Europea si los planes anunciados por las comunidades de Asturias y Cantabria de permitir la caza del lobo, así como la decisión en Galicia de permitir la caza que ha sido paralizada cautelarmente, están en conformidad con la legislación europea.
El Ejecutivo europeo "está a la espera de recibir un nuevo informe para el período de 2019-2024 este mes de julio", ha dicho Roswall, añadiendo que "a la luz de los principios de prevención y precaución, las autoridades competentes deben garantizar que las decisiones relacionadas con la caza de las poblaciones de lobos enumeradas en el anexo V se basen en pruebas científicas sólidas sobre el estado de conservación de la especie".
Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria albergan la mayor parte de la población nacional del lobo, mientras que País Vasco, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura forman los territorios en expansión y presentan un número muy reducido de manadas.
El nuevo censo nacional del lobo publicado a finales del mes de junio contabilizó 333 manadas de esta especie, 36 más que las 297 inventariadas en 2014, un aumento de un 12%.
El Gobierno de Cantabria informó al Ministerio para la Transición Ecológica el pasado mes de mayo de que ya se habían abatido 9 de los 41 lobos -7 machos 2 hembras- que recoge la resolución del 2 de abril, publicada por el Ejecutivo autonómico, de acuerdo con el plan de gestión de la especie.
Roswall también ha recordado en su respuesta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la Directiva europea "se opone a la legislación española que permitía la caza del lobo, ya que la especie estaba incluida en el anexo V y su estado de conservación está clasificado como 'desfavorable deficiente'".
El Tribunal también concluyó que "si persiste la incertidumbre sobre si la explotación de una especie de interés comunitario es compatible con el mantenimiento de dicha especie en un estado de conservación favorable, el Estado miembro debe abstenerse de autorizar dicha explotación", según ha señaldo la comisaria de Medioambiente.