El megaproyecto minero de explotación de potasas y sal Mina Muga, promovido por la empresa Geoalcali, filial de la australiana Highfield Resources, nace, según indica Ecologistas en Acción, al amparo «de la preconstitucional ley de minas (Ley 22/1973, de 21 de julio), actualmente vigente». Consideran que el proyecto pone en primer lugar los intereses de las empresas frente a las necesidades del territorio y el interés de la sociedad, dejando en un segundo plano los severos impactos medioambientales que perjudicarían «muy negativamente a las personas que viven en la Comarca de Sangüesa/Zangoza y Altas Cinco Villas zaragozanas, y por extensión al conjunto de la sociedad navarro-aragonesa, también en términos económicos».
Denuncian que la concesión de explotación se hace sin que la mayor parte de las modificaciones exigidas a Geoalcali, tanto en alegaciones formuladas desde las asociaciones como en los requerimientos de las administraciones, hayan sido objeto de una participación pública satisfactoria, como sería preceptivo.
«Hasta en 16 ocasiones ha tenido Geoalcali que presentar documentos aclaratorios y adendas al proyecto Mina Muga tras haber recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, entre ellas el plan de restauración, el proceso de relleno con materiales sobrantes (backfilling), la afección a las aguas, la propia viabilidad económica del proyecto o los hundimientos y subsidencias que pudiera provocar», asegura la organización.
Una escombrera como 60 campos de fútbol
Tampoco habría habido acceso público a las medidas que Geoalcali afirma que va a emprender «para evitar los graves problemas generados potencialmente por la actividad». Entre ellas, figurarían las subsidencias y hundimientos del terreno, la sismicidad inducida y las múltiples afecciones ambientales, como a los cursos fluviales y acuíferos, incluyendo el embalse de Yesa, a menos de 800 metros de la mina, que está previsto recrecer hasta los 1.079 hectómetros cúbicos, «y cuya obra civil ya adolece de severas dificultades técnicas y elevados riesgos constructivos», subraya.
Según la concesión otorgada, la mina creará una escombrera que podrá ocupar hasta 37 hectáreas –equivalmente a 60 campos de fútbol– y un máximo de 13,7 metros de altura, pudiendo albergar hasta 4,5 millones de toneladas de residuo.
La empresa ha previsto transportar el material por carretera. Implicarían 512 camiones al día, un camión cada dos minutos y medio, lo que supondrá ampliar el tráfico pesado en la carretera comarcal NA-127 de Sangüesa a Liédena, con tramos sin arcén y luego por la autovía A-21, algo que preocupa a varios alcaldes de la zona por la siniestralidad que puede producirse.
Contradicciones con normativas y planes sobre cambio climático
El proyecto Mina Muga entra en contradicción, según Ecologistas en Acción, con la recién aprobada Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética de Navarra, «ya que conllevará un aumento considerable de emisiones de gases de efecto invernadero, y un retroceso en los objetivos del sector primario, perpetuando el modelo de intensificación agroganadera estatal y mundial». Tampoco, en ese sentido, armoniza -dicen- con la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y los objetivos generales de reducción de emisiones planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Creen que la población de Aragón y Navarra afectada por Mina Muga «no necesita un proyecto que va a transformar negativamente sus comarcas, donde ni siquiera existe una tasa de paro relevante que fundamente o justifique la utilidad pública de proyectos como este».
Los contenciosos -tres en total, uno por cada uno de los permisos que componen Mina Muga, y de acuerdo al reparto competencial de las tres administraciones que los han concedido- han sido interpuestos por las organizaciones recurrentes ante los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Aragón y Navarra.
Los gobiernos de Navarra, Aragón y del Estado «no han estado a la altura de la responsabilidad en defensa del bien común que de ellos se espera», denuncia la organización, «y se han plegado a los intereses privados de Geoalcali y su matriz Highfield Resources, cuya principal actividad es la especulación en bolsa, dejando de lado a la población de las comarcas navarro-aragonesas, que no demandan este modelo de desarrollo basado en proyectos con graves impactos medioambientales y sociales».