Trafalgar Polo es una instalación situada en el término de Vejer de la Frontera, en zona próxima al mar, al asentamiento y playa de Mangueta y a la llegada al mar del Arroyo San Ambrosio, situada sobre las calcarenitas que dan lugar al acuífero Vejer-Barbate. Se trata de terrenos rústicos y calificados como No urbanizables.
Con fecha 14 de abril de 2020 se inició un expediente sancionador por presunta infracción en materia de Aguas por la entonces Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El expediente se basa en las actas de Agentes Ambientales de Cádiz que inspeccionaron la instalación en septiembre de 2019, y abril de 2020.
Igualmente se basa en las denuncias y solicitudes de información realizadas por AGADEN-Ecologistas en Acción, en junio de 2020.
En un informe de los Agentes de Medio Ambiente y del Guarda Fluvial, se enumeran varias irregularidades, en palabras de la organización ecologistas.
En primer lugar, la rehabilitación del cortijo y naves adyacentes, destinada en la actualidad a albergar las oficinas del club de polo, alojamiento hotelero bajo la denominación comercial de Trafalgar Polo Club compuesto por 13 habitaciones de diferente superficie y equipamiento, salón de celebraciones y estancias auxiliares, rodeado de 2.700 m2 de superficie de zonas ajardinadas, lo que ocupa una superficie total aproximada de 7.000 m2.
También se cita la construcción, "mediante implantación de césped y sistema de regadío con cañón de riego, de cancha de campo de polo destinado a la práctica deportiva y escuela de formación de la actividad, de una superficie aproximada de 3,6 hectáreas, de las que recientemente se había incrementado la superficie regable en 6.300 m2".
Según el informe, se ha procedido a la comprobación de que en la superficie total destinada a campo de polo, 1,17 hectáreas están afectadas por la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), sin que exista autorización de uso para ello.
Asimismo recoge la "realización de captaciones y aprovechamiento de agua consistentes en una balsa de riego de 13 x 13 metros; dos sondeos entubados, con bombas eléctricas, y dos pozos artesianos uno dentro de la zona de policía del arroyo San Ambrosio y otro dentro de la zona de policía del arroyo de La Parrilla. "Ninguna de estas captaciones está autorizada. Las aguas se destinan al riego del campo de polo y zonas ajardinadas y para uso en las instalaciones hoteleras y celebraciones".
Con las extracciones de los dos pozos y los dos sondeos, además de llenar la balsa,"se instaló un riego por goteo para plantación de 175 olivos viejos y 450 acebuches jóvenes, más un abrevadero para explotación ganadera de 50 caballos y 100 vacas".
Dicen los ecologistas que se desconoce el punto de vertido final de las aguas residuales y no consta acreditada la retirada de lodos por gestor autorizado. "En cualquier caso, este vertido no cuenta con autorización".
Por si todas las infracciones fuesen pocas, en mayo de 2020, "los Agentes de Medio Ambiente y el Guarda Fluvial fueron expulsados tajantemente de la finca al intentar comprobar la persistencia de ellas; el propietario, Sr. Gonzalo Melgarejo Martínez, incluso, llegó a amenazarles con emprender acciones legales contra ellos". Este hecho, que ocurría por segunda vez, según Ecologistas en Acción, "constituyó una nueva infracción de obstrucción a la labor inspectora". La inspección se consiguió llevar a cabo finalmente gracias a la intervención de una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Vejer. En ella, además de los guardias civiles, participaron dos Agentes de Medio Ambiente, un Guardia Fluvial, el Jefe de Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas, y el Coordinador Provincial de Agentes de Medio Ambiente.
La Junta no actúa
Todo esto ocurrió en el 2020 y Ecologistas en Acción señala "no tiene constancia a día de hoy de que ninguno de los siguientes departamentos de la Junta de Andalucía haya actuado de manera efectiva". Se refieren al Departamento de Costas, que "no ha actuado en lo referente a la implantación de una parte del campo de polo en la zona de protección del DPMT"; el Servicio de Protección Ambiental, "no ha actuado en lo referente al inicio de una actividad como establecimiento hotelero, salón de celebraciones y como complejo deportivo, en suelo no urbanizable, sin disponer de la preceptiva Autorización Ambiental Unificada"; el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas, "no ha sellado o precintado los sondeos y pozos, dos de ellos en el Dominio Público Hidráulico, ni ha actuado ante la existencia de una fosa séptica en zona de policía"; el Servicio de Calidad de Aguas, "no ha actuado en lo referente a la existencia de un vertido de aguas residuales y de una balsa"; el Departamento de Asuntos Jurídicos y Régimen de Usuarios, "no ha actuado en lo referente a la obstrucción a la labor inspectora en materia de aguas, cometida por la persona física de D. Gonzalo Melgarejo Martínez".
Todo lo expuesto "no quita que existan otras responsabilidades, entre otras, en el Ayuntamiento de Vejer y en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda", a juicio de la organización, que asegura que "en agosto de 2024 la empresa Trafalgar Polo sigue actuando y cometiendo las graves infracciones arriba enumeradas y otras más. Ello no sería posible en un Estado de Derecho si no fuese por las actuaciones y omisiones cómplices de determinadas administraciones y autoridades cuya responsabilidad por imperativo constitucional", entre otras, es restablecer de inmediato la legalidad gravemente vulnerada, y que prevalezcan los intereses generales sobre los intereses de un infractor sin escrúpulos.