Las numerosas alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, advirtiendo a la delegación de la Junta de Andalucía de la inviabilidad ambiental, técnica y legal de este proyecto urbanístico no han tenido éxito. Explican que no le ha importado incumplir la legalidad y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), para aprobar «un proyecto innecesario e injustificado de una influyente empresa constructora, Grupo Q. Tampoco parece que les haya importado a los técnicos y a los responsables políticos que han apoyado y autorizado este proyecto, nuestras advertencias de que podrían incurrir en delitos de falsedad documental y prevaricación. El contenido de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) deja patente esas posibles responsabilidades penales».
Consideran que, en la resolución de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), el delegado que «supuestamente debe garantizar el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente no escatima en falacias para justificar la aprobación de este proyecto urbanístico en el bosque más biodiverso y valioso de El Puerto de Santa María».
De terreno industrial a residencial
El delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Oscar Curtido, según Ecologistas en Acción, asegura «que la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 cambió la calificación de estos terrenos de industrial a residencial. Es falso, estos terrenos estaban, y siguen estando, protegidos por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), como Sistema General de Espacios Libres. Este Plan es de rango superior al PGOU. El delegado llega a asegurar que no es competencia de esta Delegación el valorar tales cuestiones. O sea, el delegado parece que no tiene que cumplir la normativa urbanística y ambiental».
Asimismo, el delegado sigue manteniendo la legalidad de la modificación del PGOU de 2011, «que se realizó sin la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), por lo que, según la jurisprudencia del TSJA y del TS adolece de radical nulidad”. Tampoco han servido las sentencias que anulan planes y sus modificaciones sin EAE, entre ellos el PGOU de El Puerto. El delegado defiende la vigencia de esta modificación ilegal con el sorprendente argumento de que no es competencia de esta Delegación dictaminar si un Planeamiento Urbanístico se aprobó de acuerdo con la legalidad vigente”.
Informe desfavorable del Ayuntamiento
Ecologistas en Acción desmiente al delegado por «asegurar que el expediente de AAU fue remitido al Ayuntamiento, pero que no se ha obtenido respuesta» y denuncia que «el ayuntamiento remitió a la delegación un informe del servicio jurídico de urbanismo desfavorable a este proyecto urbanístico, informe que han ocultado».
Por otro lado, para el delegado -dicen- «no es necesario el análisis de alternativas, en contra de lo que obliga la legislación para cualquier plan urbanístico. Pretende así eludir las alegaciones de Ecologistas en Acción que demuestran la innecesaridad de esta urbanización al existir en La Florida, Las Marías, San José del Pino y otros suelos urbanizables sin desarrollar la posibilidad de construir más de 6.000 viviendas».
Presunto negacionismo
El presunto negacionismo del delegado de Sostenibilidad va más allá, pues «asegura que no existen hábitats de interés comunitario, cuando Ecologistas en Acción ha presentado planos oficiales de dos habitas con amplia distribución en el Rancho Linares», dice la organización, que ha tachado de «muy lamentable» la respuesta a las alegaciones que plantean la necesidad de proteger el bosque de mayor biodiversidad del término municipal: “no existe ninguna disposición legal que obligue a la protección de estos terrenos por su diversidad o riqueza florística”, o la respuesta a la presencia de Macrothele calpeiana, la única araña protegida en la UE, «que fue ocultada por la empresa y la propia delegación» y a lo que el cargo público respondió: “existen ya espacios declarados como Zonas de Especial Conservación que garantizan la conservación de dicha especie”.
Conservar «un humedal inexistente, proteger el cielo nocturno e instalar un pipican»
Explican los ecologistas que «para colmo, el delegado alardea del gran número de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, la mayoría cosméticas y ridículas». Algunas de esas medidas serían la plantación de árboles como medida para incrementar los sumideros de carbono, «cuando se van a talar cientos de árboles y arbustos»; mantenimiento del pinar y zonas de vegetación autóctona, «cuando se va a arrasar toda la dehesa de acebuches y parte del pinar» o la conservación de humedales, «cuando no hay ninguno».
13.000 toneladas de escombros
Otra de las sorprendentes decisiones es que «no se obliga a conservar este bosque, pero sí a adoptar medidas de protección del cielo nocturno o instalar un pipican». Ecologistas en Acción también le ha recordado al delegado que «los escombros deben separarse en fracciones y entregar a un gestor registrado, pero esta misma empresa ha dado ejemplo depositando 13.000 toneladas de escombros sin seleccionar en este bosque».
La única alegación admitida, comentan, «ha sido la protección del acueducto de La Piedad, que no se va a cumplir porque se autoriza el desmontaje y traslado del registro existente. Existe el precedente de la reciente destrucción de otro tramo del acueducto por la misma empresa en una parcela colindante de San José del Pino».
En vista de que la Delegación de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía ha desestimado la práctica totalidad de las alegaciones presentadas por Ecologistas en Accion, «y que hace caso omiso a las advertencias de ilegalidad de este proyecto urbanístico», anuncian que van a recurrir la AAU, y, «si el ayuntamiento aprueba el Proyecto de Urbanización, también lo recurriremos. Caso de persistir estas administraciones en su empeño de construir esta urbanización ilegal, lo recurriremos a los tribunales y exigiremos responsabilidades por este despropósito»