Cada año, 500.000 hectáreas se ven afectadas por incendios provocados por el hombre en la Unión Europea. El 95% se registran en el área mediterránea. Ahora ve la luz un estudio realizado en todo el territorio nacional, que se inició en octubre de 2018 con una primera encuesta por una empresa demoscópica, mediante un muestreo telefónico aleatorio a la población, que se ha repetido cuatro años después para conocer la evolución en la percepción social sobre este tipo de delincuencia.
Una de las conclusiones más destacadas y de máxima actualidad por la probabilidad del origen del incendio en Lanzahita (Ávila) situado en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Valle del Tiétar, es que el 97 % de la población considera que los incendios intencionados deben conllevar penas de prisión. Asimismo, ha aumentado el número de personas 37,3% que piensan que, ante imprudencias, también se debería ir a prisión.
“El alto número de incendios que se producen a lo largo del año, la labor de difusión y denuncia de diversas entidades como las ONG y la amplia acogida en los medios de comunicación de este tipo de agresiones ambientales, sin duda contribuye a su conocimiento”, comenta David de la Bodega, coordinador del Life Guardianes de la Naturaleza y responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.
Otro dato llamativo que se extrae del estudio es que un 70,8% de las personas considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de los delitos incluidos en el Código Penal, casi un 6% más de lo que se percibía en 2019. El porcentaje de quienes los consideran más importante se sitúa en el 18,8%.
Medidas contra los delitos ambientales
En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales, se dividen en tres bloques: recursos de las instituciones, gravedad de las penas de los delitos y concienciación.
Las más valoradas por la ciudadanía son las relacionadas con la sensibilización (concienciación en las escuelas, sensibilizar a la población sobre el valor del patrimonio natural y sensibilizar a los sectores que cometen más delitos) y mejorar el funcionamiento de la justicia, seguido del aumento de las penas. El 31,2% considera que para avanzar en la lucha contra los delitos ambientales, son necesarias principalmente medidas de concienciación, mientras que el 15,5% considera que son necesarias principalmente medidas de aumento y especialización de los profesionales (policías, jueces, fiscales, etc) y de los recursos necesarios para abordar este tipo de delincuencia.
“Los resultados de esta encuesta demuestran que las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge nuestro Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos”, señala David de la Bodega.
Proyecto LIFE Guardines de la Naturaleza
El Proyecto LIFE Guardines de la Naturaleza desarrollado desde SEO/BirdLife, junto con el resto de socios del proyecto, pretende minimizar la incidencia de los crímenes contra el medio ambiente. Su principal preocupación es la mejora de la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra el medio ambiente, especialmente aquellos cometidos contra la fauna silvestre en España y en Portugal.
Gran cantidad de especies de fauna, incluidas aves del Anexo I de la Directiva de Aves sufren en ambos países la pérdida de miles de ejemplares por la comisión de acciones delictivas como disparos, envenenamientos intencionales, tráfico ilegal o la destrucción de su hábitat. Además, los vertidos al agua, la gestión ilícita de residuos o los incendios intencionados dañan el patrimonio natural común y ponen en riesgo nuestra salud.
Muchas de esas conductas cuentan con un alto grado de impunidad, lo que favorece su comisión. Por ello, es necesario implantar medidas que promuevan un mejor cumplimiento de la legislación ambiental y la mejora de los sistemas legales, de investigación policial y de sensibilización de la sociedad frente a este tipo de delitos.