Ayer entró en vigor el cierre a cualquier tipo de pesca de fondo decretado por la Comisión Europea en 87 zonas marinas comunitarias del Atlántico Nordeste. Son zonas en las que la Comisión Internacional para la Exploración del Mar (ICES) -un organismo científico asesor en materia de pesca y otros temas marinos- ha establecido que existe presencia de ecosistemas marinos vulnerables o, al menos, una alta probabilidad de que existan y que podrían verse alterados por acción de la pesca.
La gran mayoría de estos ecosistemas marinos vulnerables se sitúan entre 400 y 800 metros de profundidad, zonas donde la biodiversidad es muy frágil y cuya capacidad de respuesta es muy lenta, de forma que cualquier cambio por una perturbación externa puede tardar décadas en recuperarse. En la mayoría de los casos, se trata de ecosistemas cuyas especies principales son esponjas y corales de profundidad, lugares clave para reproducción y cría de diversas especies, incluidas muchas de las poblaciones pesqueras.
Lo que debería ser una buena noticia desde el punto de vista de la conservación, ha llevado a posicionarse a todos los sectores, o la gran mayoría, en contra del cierre. En palabras de Eneko Aierbe, portavoz de la organización ecologista, “esto es algo que cabría esperar por parte del sector pesquero pero que resulta preocupante cuando también incluye al ministro de Pesca, Luis Planas. No ha habido ninguna otra voz en el Gobierno que haya mostrado apoyo a la conservación de estos ecosistemas tan frágiles”.
La información «privilegiada» de Luis Planas
El ministro de Pesca ha alegado que este cierre se ha realizado sin el debido consenso, que es precipitado y que el Ministerio dispone de mejor información científica que la empleada para diseñar los cierres. Ecologistas en Acción ha manifestado que este tipo de medidas de protección, efectivamente, deben ser consecuencia de procesos mucho más participativos y en los que se busque el consenso.
Sin embargo, la organización ecologista no está de acuerdo en que haya sido un cierre precipitado. “Los cierres que han entrado en vigor este domingo son consecuencia de una normativa aprobada en el seno de la UE en 2016. Además, la selección de las zonas a cerrar se comenzó a realizar en 2018 en un proceso en el que también ha venido participando el Ministerio”, ha añadido Aierbe.
Según Ecologistas en Acción, también son preocupantes las declaraciones del ministro sobre su tenencia de información científica más detallada y actualizada que la del ICES. Tal y como ha afirmado Aierbe, “si este es el caso, resulta difícil entender por qué dicha información no está en manos de la Comisión Europea para que hubiese podido realizar los cierres con más precisión. Más aún, cabría preguntarse por qué el Ministerio no ha procedido a la protección de esos ecosistemas vulnerables sin esperar a la decisión de la Comisión si disponía de esa información. Cualquier retraso en la protección comprometerá su buen estado durante décadas”.
Por otro lado, la norma establece que los cierres serán revisados anualmente para incluir la mejor información científica disponible. De esta forma, se ajustarán mejor las zonas que se demuestre que no tienen presencia de ecosistemas vulnerables y se podrán incluir posibles nuevas zonas.
La organización ha destacado que la superficie total protegida con la nueva legislación supone el 17 % de las zonas que tienen la profundidad que se buscaba proteger (entre 400 y 800 metros), mientras que los distintos objetivos marcados a nivel internacional sitúan la superficie marina a proteger en torno a un 30 %. Según la Coalición para la Conservación de los Mares Profundos, si se tiene en cuenta toda la superficie marina de la zona económica exclusiva de hasta 800 metros de profundidad, «se ha cerrado a la pesca un 2 % de los fondos marinos de los países europeos afectados».
Aierbe concluye sin «entender la fuerte oposición que ha surgido desde el sector pesquero teniendo en cuenta que unos mares saludables son clave para intentar afrontar la doble crisis de pérdida de biodiversidad y la emergencia climática que estamos viviendo». En todo caso, la protección de estas zonas debe ser integral de forma que si se protegen de posibles efectos de la pesca deben ser protegidos de cualquier otra actividad humana que pueda ponerlas en peligro”.