La taxonomía europea, una controvertida guía de la UE sobre las actividades económicas consideradas verdes, entró en vigor el 1 de enero de 2023, incluyendo como inversiones sostenibles a las centrales de gas y la energía nuclear, entre otras. La Comisión Europea decidió añadir estas tecnologías en el borrador final, a pesar de la oposición de la ciudadanía, de las instituciones financieras y de las organizaciones medioambientales, como Ecologistas en Acción, que ya había mostrado su rechazo públicamente.
Por ello, y desde la aprobación en julio de 2022 de este documento, algunas organizaciones ambientales tomaron medidas legales contra la Comisión Europea, "al no cumplir la Ley Europea del Clima ni las obligaciones de la UE en virtud del Acuerdo de París".
Ahora, un grupo de organizaciones ambientales europeas (BEUC, BirdLife International, Chemsec, ECOS, Ecologistas en Acción, Transport & Environment y WWF), agrupadas en el Observatorio contra el Blanqueo Verde, lanzan su nueva taxonomía independiente (ISBT por sus siglas en inglés) basada en criterios científicos.
Esta plataforma pretende servir como alternativa a la taxonomía del blanqueo verde y permitir una mejor definición científica sobre qué inversiones son verdes para que sirva a los inversores institucionales como alternativa y permitan una transición energética adecuada.
La taxonomía independiente o ISBT duplicará los criterios utilizados en la taxonomía europea en los casos que así lo requieran y aportará nuevos criterios para aquellos puntos más débiles. El sistema utilizado es el del semáforo que servirá como orientación clara sobre si una inversión es sostenible o no: verde, para cuando cumpla requisitos científicos; ámbar para proyectos que puedan mejorarse, y rojo, para las inversiones que se deban evitar.
Sara Bourehiyi, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma en este sentido que “una regulación que incluya el gas y la energía nuclear como energías verdes no debería servir de ejemplo para nada. Esta nueva taxonomía independiente de los grupos de presión surge desde la sociedad civil organizada y se constituye como una herramienta que puede ser utilizada por toda la ciudadanía”.