La reciente publicación de informes internos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que revelan la manipulación y falta de control en los datos hidrológicos de la cuenca, confirma y agrava las denuncias históricas sobre la mala gestión del agua en el sureste español. Esta situación, destapada por RRNEWS, pone de manifiesto patrones de opacidad, irregularidades y posibles delitos ambientales que llevan años siendo señalados por organizaciones como Greenpeace. Un país con alto riesgo de desertificación no puede malversar con un bien tan escaso como es el agua, apunta la organización.
Señala, asimismo, que es destacable "cómo la manipulación y la falta de control de los datos en la gestión del agua suponen un grave perjuicio para pequeños agricultores y ganaderos y para el medio ambiente". A juicio de Greenpeace, "los nuevos informes internos y el testimonio de una funcionaria de la CHS ponen de manifiesto la adulteración de datos hidrológicos sin base real en la cuenca del Segura". Esta práctica no solo compromete la transparencia institucional, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos hídricos y la confianza pública en la Administración.
Entre las irregularidades señaladas, destacan la publicación de datos sin respaldo técnico ni verificación independiente, la falta de control sobre los volúmenes de agua realmente disponibles y utilizados y la posible ocultación de información relevante para la toma de decisiones y la gestión de sequías.
La mafia del agua
Estos hechos no serían aislados, Greenpeace lleva casi dos décadas denunciando la existencia de una "mafia del agua" en la cuenca del Segura, con informes que documentan redes de intereses, corrupción y manipulación sistemática de datos para favorecer a determinados sectores económicos, especialmente la agroindustria intensiva y el urbanismo especulativo.
Según Greenpeace, la información revelada por los informes internos de la CHS coincide plenamente con sus denuncias: Persistencia de la manipulación de datos oficiales, falta de controles y auditorías independientes, beneficio de intereses privados en detrimento del interés general y del medio ambiente e impacto directo en la degradación de ecosistemas como el Mar Menor y en la sobreexplotación de acuíferos.
Explican desde la organización que "la gravedad de los nuevos datos reside en que, lejos de corregirse, las prácticas irregulares parecen haberse consolidado, a pesar de las advertencias de la sociedad civil y las evidencias científicas sobre el colapso ecológico de la región".
"La publicación de estos informes internos supone un punto de inflexión en la lucha por la transparencia y la gestión responsable del agua en la cuenca del Segura. Es imprescindible que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actúe con contundencia para restaurar la legalidad, proteger los recursos hídricos y garantizar el futuro de los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos", ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace España. "La gestión del agua y su calidad es algo necesario para aumentar la sostenibilidad del sistema alimentario".