En la sesión de la Comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento de Andalucía, celebrada el 5 de junio de 2024, y en posteriores declaraciones públicas, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, "omitió diferentes informaciones y faltó directamente a la verdad en otras, en relación a la tramitación de las autorizaciones que se están tramitando desde 2015 para la reapertura de la Mina de Los Frailes en Aznalcóllar", denuncia Ecologistas en Acción. Sostienen que, en particular, "omitió decir que cuando en 2015 se otorgaron, de manera fraudulenta, los derechos mineros al consorcio Minorbis-Grupo México, que posteriormente constituyeron la empresa Minera Los Frailes (MLF), se obligaba a la empresa adjudicataria a cumplir con una serie de obligaciones de mantenimiento de los pasivos ambientales". Citan, por ejemplo, el mantenimiento y funcionamiento eficiente de la depuradora que allí existía para las aguas de contacto contaminadas que se generan en el recinto minero, que entonces se vertían al río Agrio, y también se ocupaba de mantener los niveles de aguas de las dos cortas mineras, la Corta de Los Frailes (CLF) y la Corta de Aznalcóllar (CAZ).
Desde 2013 esa depuradora dejó de funcionar, MLF dejó de mantenerla cuando se adjudicó los derechos mineros en 2015 y las aguas se vertieron sin control a la cuenca del Guadiamar o a las propias cortas mineras, aumentando el nivel de agua en las mismas. Los vertidos al río Agrio en 2015 fueron acreditados por un informe de la Policía Judicial que se aportó al Juzgado nº3 de Sevilla, dentro del proceso judicial que juzgará la adjudicación fraudulenta de esos derechos mineros.
La responsabilidad por omisión del incumplimiento de esas obligaciones corresponde a la Junta de Andalucía que otorgó los derechos mineros, y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no ha controlado adecuadamente esos vertidos en la cuenca del Guadiamar.
Por tanto, indica la organiación ecologista, "no es cierto que la Junta esté siendo rigurosa en hacer cumplir a MLF sus obligaciones medioambientales más elementales, y no es cierto que las autorizaciones que se pretender otorgar “nacen con las máximas garantías medioambientales”, como afirma el consejero. "Tampoco es rigurosamente cierto que la mina no vaya a tener balsa de lodos".
Sólo el 50% de los nuevos lodos mineros generados en la nueva explotación subterránea van ser usados como relleno para las galerías subterráneas (backfilling) que se vayan abandonando, el otro 50% va a ser depositado en la CAZ, reconvertida por tanto en una balsa de lodos encubierta, denuncia.
El proyecto contempla la utilización de la Corta de Aznalcóllar (CAZ) como un depósito de lodos durante los 17 años de la nueva explotación subterránea. Y resulta además que en esa CAZ ya están depositados los lodos que se recogieron tras el desastre de 1998. Y sin embargo, la Consejería no va a exigir a la Minera Los Frailes la implementación de todas las medidas de seguridad minera que se exige a los depósitos de lodos mineros.
Por ejemplo, a esa Corta de Aznalcóllar, reconvertida en depósito de lodos mineros (balsa de lodos), no se le ha exigido que presente y se apruebe un Plan de Emergencia Exterior ante posibles roturas, grietas, rebosamiento ni vertidos accidentales, según los ecologistas. La Consejería de Industria, Energía y Minas "pretende considerar ese depósito de lodos mineros en la CAZ como labores de restauración minera, durante 17 años, para eximir de esa forma a Minera Los Frailes de sus obligaciones de mantenimiento de la seguridad de esa balsa de lodos encubierta".
El Consejero asegura que en la fase preperacional se realizarán más de 15.000 analíticas sobre el vertido al Guadalquivir, lo cual no se corresponde con los datos que la propia empresa Minera Los Frailes que en la documentación que ha facilitado en diferentes reuniones que ha mantenido con agricultores, pescadores y ayuntamientos ribereños dice que “El sistema de control del efluente y del estuario que la empresa pone en manos de la administración es único en Europa, con 248 análisis año en cada uno de los tres puntos de control.“. Es decir, que durante la fase preoperacional de año y medio habrá 1.116 controles según MLF, frente a los 15.000 que asegura el Consejero.
"Esto da una idea de la falta de rigurosidad con la que la Junta de Andalucía está tratando este proyecto. Las continuas aseveraciones, por parte de la empresa, del Alcalde de Aznalcóllar y de las autoridades de la Junta de Andalucía, de que el agua que se pretende verter en el Guadalquivir es agua casi potable, son rotundamente falsas. Es evidente que si esa agua tuviera la calidad que se anuncia, no sería necesario la construcción de una tubería de 30 km para verter al Guadalquivir, sino que se reutilizaría esa gran cantidad de agua, por ejemplo para usos de regadío o medioambientales, o se vertería en algún punto más cercano del recinto minero"
Para Ecologistas en Acción queda claro que la empresa Minera Los Frailes "lo que quiere a cualquier precio es disponer de esa tubería de 30 km como vía de escape para cualquier vertido contaminante que pueda producir durante los 17 años de explotación. Más aún teniendo en cuenta el pasado de vertidos mineros que ya arrastra la empresa Grupo México en sus explotaciones mineras en América, por ejemplo, el vertido tóxico al río Sonora en agosto de 2014, muy poco antes de adjudicarse los derechos de la zona de Aznalcóllar".
Proyecto PMR de Cobre Las Cruces
En relación al nuevo proyecto de minería subterránea y refinería polimetálica de Cobre Las Cruces, denominado PMR, Ecologistas en Acción inició un recurso que se sigue en la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra todas las autorizaciones principales de ese proyecto. Contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina subterránea que va a triplicar la cantidad de agua subterránea usada del acuífero de Gerena, hasta 3.300.000 m3/año que se quitan de las reservas de agua de la ciudad de Sevilla para situaciones de sequía, contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la nueva Planta de Beneficio que incluye también un vertido tóxico al Guadalquivir de 2.340.000 m3/año de aguas contaminadas con metales pesados y contra la autorización minera de todas las nuevas instalaciones mineras y de beneficio, que se van a implantar.
Este procedimiento judicial está ya en su última fase de pruebas documentales y periciales, y posteriores conclusiones, y uno de los argumentos fundamentales de Ecologistas en Acción son las dos sentencias firmes dictadas anteriormente por el propio TSJA, una de 30 de septiembre de 2020 en el recurso de apelación 2083/2019, que anuló las autorizaciones de dos escombreras que han vuelto a incluir en el nuevo PMR, y otra de 12 de enero de 2023 en el procedimiento 461/2020 que anuló el Plan Especial de actuación minera que contemplaba la recalificación de terrenos para la nueva Planta de Beneficio del PMR.
A su juicio, Cobre Las Cruces "pretende burlarse de la ejecución de esas dos sentencias firmes y pretende reiniciar un nuevo proyecto minero con graves afecciones a las aguas subterráneas y al estuario del Guadalquivir".
Igualmente han hecho constar "la falta de rigor que ha tenido la Junta de Andalucía en la obligada evaluación ambiental de ese vertido en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir, emitiendo en enero de 2019 un informe favorable por parte del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería competente", donde se asegura que esa ZEC se sitúa a más de 5 kilómetros de las afecciones del proyecto minero, cuando el vertido se produce directamente a las aguas de esa ZEC, cerca de la población de La Algaba.