El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz ha dado la razón a Ecologistas en Acción de Rota, tras años de lucha por la recuperación de las vías pecuarias y caminos públicos del término municipal ante la desidia de las Administraciones. Ahora, la sentencia estima el recurso interpuesto por la inactividad de la Junta de Andalucía y condena a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la recuperación de oficio de las vías pecuarias y al pago de las costas.
Los antecedentes del caso se remontan al escrito presentado el 16 de diciembre de 2020 ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, «interesándole la recuperación de las vías pecuarias Colada de Los Charcos, Colada de Cebollares y Colada de Cobalengo, las cuales, pese a estar deslindadas y amojonadas en firme estaban siendo usurpadas por los propietarios de los terrenos colindantes, pese a que habían sido requeridos para que antes del 18 de julio de 2018 las dejasen libres«, según explica la organización.
La sentencia estima que las vías pecuarias mencionadas «han sido deslindadas» y, como dominio público, obliga a la Administración competente a su mantenimiento, conservación y recuperación de los terrenos indebidamente ocupados, como señala el Decreto 155/1998, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la CC.AA de Andalucía, así como la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sentencia novedosa
Igualmente se reconoce que se está ante una obligación de la Junta de Andalucía, que puede ser exigible por los interesados, entre los que se encuentra la organización ecologista recurrente, «sin que sea una facultad discrecional de la Administración, ya que se trata de un incumplimiento de normas legales y reglamentarias que generan responsabilidades y obligaciones».
Esta sentencia es novedosa a nivel nacional por cuanto determina la obligación que tiene la titular del dominio público de recuperar las vías pecuarias que están siendo usurpadas por propietarios de terrenos colindantes con las mismas, «problema que está presente casi en la totalidad de las vías pecuarias de España, no debiendo la Administración titular hacer dejación de sus funciones, así como por las acciones de las que disponen las asociaciones en defensa del medio ambiente para instar de las Administraciones Públicas a su recuperación», concluye Ecologistas en Acción.