La explosión en la planta de biodiésel del polígono El Recuenco de Calahorra, cuyo origen estaría en un depósito, y que se ha saldado con dos personas fallecidas y 250 niños evacuados, vuelve a poner el foco sobre la controversia que arrastran estas instalaciones.
Durante los últimos años Ecologistas en Acción de La Rioja ha presentado numerosas denuncias ante la Administración por la gestión de la factoría Iniciativas Bioenergéticas, S.L. de Calahorra. También han sido varias las ocasiones en las que la propia Administración, a través de inspecciones, ha incoado expedientes sancionadores contra la planta por una gestión deficiente y por no cumplir los requisitos que se le exigían al inicio de la actividad, teniendo en cuenta que se trata de una instalación de producción química altamente peligrosa.
Denuncias en el limbo
Ecologistas en Acción denuncia que “nada se ha sabido de todas esas denuncias, ni de aquellas que partieron de los agentes forestales dependientes del Gobierno de La Rioja contra la planta”.
Ya en el año 2014, Ecologistas en Acción solicitó el cierre y la clausura inmediata de esta planta de biodiésel, «algo que de haberse hecho hubiera evitado las consecuencias lamentables», comenta la organización.
Considera que es momento de «pedir explicaciones a quienes han gobernado esta comunidad autónoma para saber qué actuaciones se llevaron a cabo para solventar todas las deficiencias que se estaban poniendo en evidencia dentro de la explotación química de Calahorra».
También es el momento, han manifestado, de «pedirle explicaciones y responsabilidades al gerente de la planta, Julio Zaragoza, conocedor y máximo responsable de las irregularidades que se han producido en dicha explotación, así como los propietarios de la factoría».
Deficiente gestión de residuos tóxicos
En 2014, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja inició un expediente sancionador por la deficiente gestión de los residuos tóxicos que la planta generaba, así como por la construcción de estructuras que no estaban contempladas en ninguno de los planes de gestión ni en la autorización ambiental de la factoría. «Unas graves irregularidades, máxime cuando se trata de la fabricación de productos tóxicos muy inflamables y altamente contaminantes», apunta Ecologistas en Acción.
El colectivo insta a la Administración a profundizar en todos esos expedientes y a analizar cuál ha sido su resolución, «vistas las graves consecuencias que finalmente ha tenido la decisión de no clausurar la planta de producción de biodiésel en Calahorra». A juicio de la organización ambiental, se deben abrir «procesos penales contra los responsables y propietarios de la empresa por su manifiesta dejación, en cumplimiento de la normativa de seguridad medioambiental».
Por último, Ecologistas en Acción ha mostrado sus condolencias a las familias y personas allegadas a los fallecidos.