La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha propuesto a las diputaciones provinciales, a los consorcios de residuos y a los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid la firma de un Convenio para incinerar todos los residuos de los centros de tratamiento (CTR) de residuos domésticos en “una única planta de valorización que preste servicio a toda la Comunidad, desechando, por ineficiente, la posibilidad de diseminar una serie de plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional”.
El Anexo I del borrador de Convenio, al que ha accedido Ecologistas en Acción, cuantifica la capacidad mínima de la incineradora en 350.000 toneladas anuales de residuos domésticos, el 40 % del rechazo generado anualmente en los CTR de Castilla y León, si bien dicha cantidad podría incrementarse hasta medio millón de toneladas al año teniendo en cuenta los bajos porcentajes de recuperación de dichos residuos en la comunidad autónoma y la posibilidad de recepcionar el compost y el digestato de ínfima calidad producido actualmente en los CTR.
Más grande que Valdemingómez
Se trata por lo tanto de una macroincineradora de residuos, mayor que la incineradora del Ayuntamiento de Madrid en Valdemingómez, en la que cada día descargarían su basura cientos de camiones procedentes de toda la región, "originando un delirante trasiego de desechos. En España sólo hay once incineradoras de residuos domésticos, todas en áreas densamente pobladas como A Coruña, Barcelona, Bilbao, Guipúzcoa, Madrid o Mallorca, dado que por su elevado coste requieren quemar grandes cantidades de desechos", advierte la organización ecologista.
La macroincineradora sería aprobada como Proyecto Regional, para imponerla al municipio donde se decida ubicar, y la gestionaría la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), administración paralela de la Junta de Castilla y León dirigida por el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez Blázquez, "y caracterizada por su opacidad laboral y contractual", señala Ecologistas en Acción.
Las entidades locales se comprometerían a la entrega de al menos el 90 % del rechazo que resulte del tratamiento de sus residuos municipales, admitiendo, asimismo, “la entrega de otro tipo de residuos susceptibles de valorización energética que permitan la sostenibilidad económica de la planta”, a un precio de 90 euros por tonelada de residuo, con penalizaciones económicas si no alcanzaran la cantidad mínima de residuos a entregar. La duración delcontrato sería de cuarenta años desde el inicio de funcionamiento de la incineradora, en 2029.
La propuesta divulgada por la organización ambiental supone un giro de 180 grados en la gestión actual de los residuos municipales en Castilla y León, "que pretendían ser ocultados por la Consejería de Medio Ambiente hasta la firma del Convenio prevista para finales de abril, evitando así el debate tanto en las entidades locales como a nivel ciudadano. Se trata además de una iniciativa no contemplada en el obsoleto Plan Regional de Residuos de Castilla y León, aprobado en 2014 y cuya revisión ilegal fue anulada en marzo por el Tribunal Supremo".
Para Ecologistas en Acción, la pretensión de la Junta "no se ajusta a la prioridad legal concedida en Europa, España y Castilla y León al reciclado frente a la incineración". En este sentido, hay que recordar que los CTR cuentan con plantas de compostaje y/o de biogás para fermentar los restos de comida, obteniendo abono y energía. Para su óptimo funcionamiento, los ayuntamientos están obligados a recoger de manera separada estos biorresiduos, con lo que se deberían reciclar casi todos los residuos domésticos que se generan en la región.
No obstante, la recogida selectiva de los residuos domésticos en Castilla y León se limitó en 2022 al 16 % de los producidos, según el Ministerio para la Transición Ecológica, y en consecuencia la preparación para la reutilización y el reciclado sólo alcanzó en el mismo año el 36 %, muy por debajo del objetivo legal mínimo del 50 %, y eso incluyendo el compost de pésima calidad obtenido en los centros de tratamiento de residuos de cada provincia, que por la falta de recogida selectiva de los restos de alimentos acaba depositándose en los vertederos.
Penalizaciones económicas
La obligación de entregar a muy largo plazo una cantidad mínima y constante de residuos, so pena de fuertes penalizaciones económicas para las entidades locales, a juicio de los ecologistas "impedirá avanzar en la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos, perpetuando el incumplimiento de los objetivos mínimos establecidos por la legislación. Se trata además de un comportamiento mafioso de la Junta de Castilla y León, que suprimiría de facto la autonomía municipal en una materia de competencia esencialmente local como la gestión de los residuos domésticos".
Con todo, el mayor problema de la macroincineradora serían sus emisiones al aire de contaminantes tóxicos como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas y furanos, pasando luego a las personas por inhalación e ingestión de alimentos contaminados. El Centro Nacional de Epidemiología ha concluido en un estudio de 2013 que las incineradoras de residuos domésticos en España provocan “un notable incremento del riesgo de tumores en la pleura y la vesícula (hombres) y en el estómago (mujeres)”.
Por todo ello, Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Castilla y León la retirada de "su inaceptable propuesta", exigiendo que la solución que se adopte a la lamentable situación actual de la gestión de los residuos municipales se enmarque en la elaboración participada de "un nuevo Plan Regional de Residuos que permita cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado, y se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y a las directrices europeas en la materia".
La organización ambiental pide asimismo a las entidades locales que no cedan a la extorsión del Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, renunciando al control de una política tan relevante para los ayuntamientos como la gestión de los residuos domésticos y comprometiendo durante décadas la capacidad decisoria de sucesivas corporaciones locales, con fuertes penalizaciones para aquellas entidades que apuesten más por reducir y reciclar.
Como prólogo de la entrega del gobierno regional al lobby de la incineración de los residuos, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León tiene previsto aprobar hoy la autorización ambiental de la que sería la primera incineradora de residuos municipales de la Comunidad, promovida por el Ayuntamiento de Burgos en el Ecoparque de Cortes, situado a un kilómetro de este barrio burgalés, a 700 metros del núcleo de Cardeñadijo y a tres kilómetros escasos del pueblo de Cardeñajimeno y de la propia ciudad de Burgos.
Según Ecologistas en Acción, dicha instalación ha sido "ocultada de forma maliciosa bajo la denominación Remodelación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes, cuando en realidad es una incineradora que quemaría 35.000 toneladas anuales de basura procedente del contenedor gris, más de la mitad de los residuos producidos en la ciudad de Burgos. Además de la emisión de los cancerígenos metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas y furanos, generaría hasta 10.000 toneladas al año de cenizas y escorias, consideradas residuos peligrosos".