El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar unas prórrogas y excepciones a las medidas fijadas en las ordenanzas municipales que rigen las zonas de bajas emisiones (ZBE) de la capital. Este movimiento, según denuncia Ecologistas en Acción, "trasmite la falsa y triunfalista idea de que ya tenemos un aire poco contaminado y es posible retrasar y relajar las medidas necesarias para mejorarlo".
Pero la realidad es muy diferente. Este pasado martes, 10 de diciembre, se hizo público el último estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA, “Health and environment impacts of air pollution exposure remain high across Europe” donde, con datos de 2022, se concluye que la mortalidad prematura en la Comunidad de Madrid a causa de los diferentes contaminantes atmosféricos sigue siendo altísima.Este estudio, calcula que cada año fallecen prematuramente en la región madrileña 2.535 personas a causa de las partículas más finas, 1.802 personas por el dióxido de nitrógeno, y 1.046 por el ozono troposférico. Es decir, un total de 5.383 personas, de las que más de la mitad corresponden a la capital. La calidad del aire sigue siendo el principal problema de salud ambiental y estas cifras no se pueden dejar de lado cuando planteamos relajaciones de la normativa.
Según la organización ecologista, "la implantación de las ZBE no es una medida caprichosa sino una obligación derivada de la Ley de Cambio Climático, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la protección constitucional de los derechos a la salud, al medio ambiente y en última instancia a la vida. Estos derechos deben prevalecer sobre cualquier supuesto derecho a desplazarse en vehículos contaminantes".
Además, responsabilizan al Gobierno de Martínez Almeida de poner siempre el énfasis "en el contaminante que más ha mejorado, el dióxido de nitrógeno, pero evita hablar del ozono troposférico, que este año 2024 ha alcanzado sus peores datos de los últimos años, superando en 2024 en 78 ocasiones el umbral de información". Consideran que no pueden dejarse de lado estos dramáticos datos de salud cuando se aprueba una relajación de las medidas de limitación del tráfico. "En lugar de una excepción generalizada al uso de coches sin etiqueta durante un año, sería mucho más razonable admitir excepciones puntuales (como por ejemplo 24 utilizaciones cada año de estos vehículos) para evitar que las personas que apenas usan su coche sin etiqueta compren uno nuevo".
Y aunque se afirma que muchas de estas excepciones se plantean para favorecer a las personas con menos recursos, recuerdan que "no hay que olvidar que son precisamente éstas las que viven en barrios más contaminados y quienes menos posibilidades tienen de tener un automóvil".