Greenpeace ha enviado, dentro del plazo establecido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el proceso de participación pública, alegaciones al proyecto de decreto por el que se regula la gestión de estiércoles de explotaciones porcinas.
Este proyecto de decreto es parte de un paquete legislativo que tiene por objetivo sustituir la moratoria a las explotaciones intensivas de porcino, establecida en 2022, que finaliza a final de año. Bajo el punto de vista de la organización ecologista, "este paquete legislativo no va a permitir solucionar los graves problemas que genera la ganadería industrial y sus macrogranjas, por el simple hecho de que no va a la raíz del problema, el crecimiento exponencial, desmesurado y descontrolado que ha tenido el sector porcino en los últimos años".
En la última década, el número de cerdos en Castilla-La Mancha creció un 34 % y alcanza ya casi los dos millones de animales, siendo la quinta comunidad autónoma con más cerdos. Asimismo, la intensificación del sector se puede constatar en el número de explotaciones industriales que están obligadas a declarar sus emisiones en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes contaminantes. Entre 2013 y 2022 estas explotaciones han duplicado su número, pasando de 111 a 221.
Según Greenpeace, "los problemas generados por este modelo industrial quedan patentes en el agravamiento de la contaminación del agua por nitratos", motivo por el cual el pasado marzo el Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia condenatoria contra España por el incumplimiento de la Directiva de Nitratos. Según el último informe de seguimiento de esta Directiva, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, referente al período 2016-2019 (este año se tiene que presentar el referente a 2020-2023), la contaminación media por nitratos de las aguas subterráneas en Castilla-La Mancha se incrementó un 36 %.
Ante esta situación, considera que el paquete legislativo que presenta ahora Castilla-La Mancha "es un peligroso parche, ya que en el futuro podría incrementar el problema en vez de atajarlo". La organización dice que este paquete legislativo incentivará "el crecimiento de la ganadería industrial y sus macrogranjas en la región, puesto que tendrá un “efecto llamada”, supone hipotecar una política de residuo cero, convierte a las plantas de biogás en unos auténticos agujeros negros de residuos, que generan a su vez residuos como el “digestato” (el chapapote del campo) que seguirá envenenando tierras y acuíferos, y no aborda el problema desde una perspectiva holística". Por ello, Greenpeace demanda que se mantenga la actual moratoria, se amplíe a todos los sectores ganaderos y se haga más estricta y que el presente decreto y paquete legislativo, al que está asociado, no se apruebe mientras no se presente un Plan Estratégico de Ganadería que permita establecer la carga ganadera máxima para la región.
“El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere levantar la moratoria a las macrogranjas sin ir a la raíz del problema, el enorme crecimiento de la ganadería industrial en esta comunidad autónoma”, advierte Luís Ferreirim, responsable de agricultura y ganadería de Greenpeace España. “Apostar por el despliegue de las plantas de biogás como solución a los problemas que genera la ganadería industrial, es apostar por una carta perdedora”, concluye.