En la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, más de 30 organizaciones sociales y ecologistas se han unido para denunciar la falta de implementación de las medidas expuestas en las 177 páginas de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Sólo un 21% se han implementado completamente, según el último análisis de Ecodes.
Las organizaciones, en su manifiesto conjunto, recuerdan que es obligación de las administraciones públicas garantizar la protección e inclusión social de todos sus ciudadanos con equidad: “Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales y debe prestarse el apoyo necesario para el acceso a estos servicios a todas las personas”. Mantienen, además, que no sólo se trata de derechos, eliminar la pobreza energética es una cuestión de salud pública, de cumplir la legislación europea y, por supuesto, es de justicia social, sontienen.
Los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) muestran un aumento del porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, alcanzando ya al 26,5% de la población. También se produce un incremento en la factura de la luz, debido principalmente a la recuperación de los impuestos reducidos o excluidos de manera excepcional por la situación extraordinaria provocada por la pandemia y la crisis de precios de la energía. Así, se recupera el IVA al 21%, el impuesto especial a la electricidad (IEE) al 5,11% y el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) al 7%. Pero también suben los cargos del sistema para las tarifas domésticas en más de un 30%. Todas estas circunstancias, a las que se suma la volatilidad de los precios de la energía en el mercado mayorista, deben poner en alerta del riesgo de que aumente de manera considerable el número de afectados por la lacra de la pobreza energética.
Las organizaciones, entre las que se cuenta Ecologistas en Acción, exigen que se revise el mecanismo de concesión del bono social, "de forma que llegue exclusivamente a las personas que lo necesiten y que esto ocurra de manera automática, sin que el adjudicatario tenga que realizar ningún trámite adicional al reconocimiento de su situación, como se hace en Portugal".
Según datos de Oxfam Intermon, ocho de cada 10 beneficiarios potenciales no recibían el bono social eléctrico. Asimismo piden que se prohíban los cortes de suministro por impago a los hogares en situación de vulnerabilidad implementando el modelo de la ley catalana 24/2015 en base al “principio de precaución”.
Los colectivos resaltan la necesidad de implementar no sólo medidas paliativas, sino también estructurales, como priorizar las inversiones, ayudas o subvenciones en eficiencia energética de aquellos hogares que no pueden asumirla, vincular la realización de asesorías energéticas y análisis de facturas a cualquier tipo de ayuda pública, especialmente para el pago de facturas energéticas a familias en situación de vulnerabilidad energética o aumentar las inversiones públicas en producción de energía renovable, priorizando su suministro y acceso a personas vulnerables, “para que no tengan que seguir siendo clientes cautivos de los carísimos y contaminantes combustibles fósiles (gas natural, butano o gasóleo)”, añaden.
Las organizaciones hacen un llamamiento a todas las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como de las diferentes comunidades autónomas, desde los ministerios hasta los municipios. “Hay que hacer frente a la crisis climática que atravesamos: necesitamos cambiar nuestro sistema energético y poner en el centro a las personas vulnerabilizadas por el sistema”, declaran.