La DANA deja varias comarcas de las provincias de Valencia, Albacete y Cuenca anegadas, con más de 100 personas fallecidas y decenas de desaparecidas hasta el momento. Para Ecologistas en Acción, este episodio "debe acelerar la implantación de medidas urgentes, que ofrezcan respuestas inmediatas y eficaces, avanzando en la descarbonización urgente de la economía hacia una transformación que ponga el planeta y a las personas en el centro".
A nivel territorial, la organización ha exigido mayor eficiencia y rapidez en los avisos y actuaciones del gobierno de la Generalitat Valenciana, así como en la reconstitución de servicios de emergencia que ayuden a mitigar los profundos daños producidos por este u otros fenómenos naturales.
En el caso del País Valencià, las lluvias más intensas se formaron en las comarcas interiores de Valencia (la Plana de Utiel-Requena, la Foya de Buñol-Chiva y La Serranía), donde se llegaron a registrar casi 500 l/m2 en pocas horas. Se desbordaron diversos cauces, como los ríos Turia y Magro y el barranco del Poyo o de Chiva, afectando gravemente a varios municipios de l’Horta Sur y la Ribera del Xúquer, donde las lluvias fueron muy inferiores. La crecida del río Turia a su llegada a Valencia se contuvo bien por el nuevo cauce, que registró puntas de 2.000 m³/segundo. Esa crecida del barranco del Poyo destruyó el puente de Picanya que conecta con Paiporta y el río Magro lo hizo con el puente de Carlet. La mitad de los fallecidos pertenecían a Paiporta.
La falta de una regulación urbanística adecuada, de un modelo forestal y agrícola adaptado, ignorar los planes de riesgo de inundación (PATRICOVA en País Valencià) o la falta de medidas eficaces para la adaptación y la respuesta frente a las emergencias, son cuestiones que deben abordarse de forma urgente.
Al contrario de lo que debería ser una actuación adecuada, explican desde Ecologistas en Acción, "se ha visto que, a pesar de la alerta de la AEMET 10 horas antes de la llegada de la DANA, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana estableció el nivel de emergencia por el temporal en situación 2 del plan especial de inundaciones en la provincia de Valencia a las 19:30, cuando ya se había desbordado el río Magro en los términos municipales de Carlet y Algemesí. No se envió una alerta a la población hasta las 20:12 del día 29 de octubre, cuando muchas personas ya se habían desplazado de sus centros de trabajo y estaban sufriendo las consecuencias de las precipitaciones".
Por otro lado, destacan que la Unidad Valenciana de Emergencias, creada en marzo de 2023 por el gobierno del Botànic, "fue desmantelada en noviembre de ese mismo año tras el pacto PP-VOX, con el adjetivo de “chiringuito”, cuando la Conselleria de Justicia de la que dependía estaba en poder de un partido negacionista del cambio climático como VOX. Esta unidad de intervención habría podido ser vital estos días. Del mismo modo, Ecologistas en Acción denuncia la “actitud despreciable” de aquellos empresarios que obligaron a su personal a permanecer en sus puestos de trabajo y poner en riesgo su vida".
"Surge la necesidad de establecer medidas más eficaces de respuesta temprana por parte de las administraciones públicas"
España es un país particularmente vulnerable a las consecuencias de la crisis climática. En episodios como este surge la necesidad de establecer medidas más eficaces de respuesta temprana por parte de las administraciones públicas. La crisis climática obliga a repensar el diseño de las infraestructuras concebidas hace decenas de años, las cuales no están preparadas para estos acontecimientos extraordinarios, que cada vez serán más recurrentes e intensos. De hecho, según Ecologistas en Acción,"si se pone en perspectiva el impacto del huracán Milton y el reciente episodio de DANA, se ve cómo mientras en el primero se registraron 0,73 muertes por cada millón de habitantes, en el País Valencià por el momento se han registrado más de 13 muertos por millón de habitantes".
Aunque la atribución de estos fenómenos a la emergencia climática es compleja, los episodios torrenciales y catastróficos son cada vez más frecuentes e intensos. Un agravante de las condiciones meteorológicas cuyo origen es la continua quema de combustibles fósiles y otras emisiones de gases de efecto invernadero. Solo el pasado 2023 se registraron 18 borrascas de alta intensidad, superando las 12 de 2018 y las 14 del 2020. Unos episodios que irán creciendo junto con otros fenómenos, como el incremento de las temperaturas y de la duración de los episodios de sequía, que sólo se verán minimizados mediante una reducción drástica y urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero.
"La creciente gravedad de estos episodios no se ha correspondido con la puesta en marcha de actuaciones urbanísticas para garantizar que el agua evacue al cruzar los municipios y reduciendo el impacto de estas grandes inundaciones. Una cuestión básica para minimizar el daño que pueden causar", critica la organización. Dicen que "se sigue sin atender la necesaria eliminación de construcciones en cauces, la recuperación de llanuras de inundación y zonas de desagüe natural de la avenida para evitar que se dirija a zonas donde puede generar más daño, la falsa sensación de seguridad de un encauzamiento y la construcción de barreras transversales y longitudinales están entre las medidas que se deberían acometer de forma inmediata".