Un total de 16 asociaciones ambientalistas han denunciado los efectos nocivos de la Propuesta Legislativa presentada por los grupos parlamentarios del PNV y el PSE-EE bajo el título «Medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y desarrollo urbano». A pesar de su nombre, la propuesta introduce cambios fundamentales en la Ley 10/2021 de Administración Ambiental del País Vasco y en la Ley 4/2015 de Prevención de la Contaminación Terrestre y Limpieza de Terrenos Contaminados, "debilitando profundamente las garantías jurídicas que protegen el medio ambiente y la salud de las personas".
Esta semana, tras un paréntesis en agosto en el Parlamento Vasco, se han reanudado las reuniones de la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana. Las presentaciones, que se celebraran desde ayer y durante la jornada de hoy, miércoles, incluirán contribuciones de sindicatos, ayuntamientos, arquitectos y expertos en urbanismo, así como de los colectivos Stop Desahucios o Kolektibo 47 Wiccavía Denontzat. "Sin embargo, la ausencia de asociaciones ecologistas es notable, sobre todo considerando el impacto de esta propuesta legislativa en el medio ambiente y la salud de las personas", critican los colectivos ambientalistas.
La evaluación ambiental se trasladaría a los municipios que promueven los proyectos
Según la reforma, los estudios ambientales de los planes urbanísticos —tanto los de modificaciones puntuales de los planes generales como los de los planes parciales que requieren evaluación ambiental— no serán comunicados por el Gobierno Vasco, y "serán responsabilidad de los promotores municipales, siempre que tengan más de 7.000 habitantes y tengan capacidad para aprobar los planes generales, como es habitual".
Esto implica que debería eliminarse la intervención del organismo ambiental especializado del Gobierno Vasco y, en su lugar, la evaluación debería ser realizada por el propio Ayuntamiento, que promueve y posteriormente aprueba el proyecto. A juicio de las organizaciones, "esta medida es irrazonable y contraria a la Directiva 2011/92/UE, que exige una clara distinción entre el organismo que promueve el plan y la autoridad que evalúa el impacto ambiental".
Hasta ahora, los informes ambientales eran elaborados por técnicos del Gobierno Vasco, quienes tenían la facultad de modificar o limitar los daños ambientales. Con esta reforma, "este filtro se elimina y se pone en manos de una administración local, que generalmente carece de personal especializado, independiente y con la competencia técnica suficiente, y además está sujeta a posibles presiones políticas y urbanísticas", señalan.
Se acortan los plazos de las evaluaciones ambientales urbanas
La propuesta acorta aún más los plazos de las evaluaciones ambientales urbanas, y propone que, "si no hay respuesta en el plazo, se entienda que el proyecto cuenta con informe favorable (silencio administrativo positivo)", lo que vulnera la normativa del País Vasco, la legislación básica del Estado y las directivas europeas en materia de evaluación ambiental, que exigen garantías específicas y no automáticas.
"En lugar de fortalecer los recursos humanos y técnicos de los organismos ambientales, el texto propuesto reduce el control ambiental y promueve una visión desarrollista y especulativa del urbanismo, que remite a la época de las políticas urbanísticas obsoletas, al servicio de los grandes intereses inmobiliarios".
También se reducen las garantías para suelos contaminados
Otro aspecto preocupante, en opinión de las organizaciones, es la modificación de la Ley 4/2015, de prevención y saneamiento de suelos contaminados. "Esta modificación flexibiliza los controles sobre la construcción de viviendas en suelos potencialmente contaminados, reduciendo las garantías ambientales y de salud pública, y promoviendo operaciones de desarrollo urbanístico sin la necesaria evaluación técnica independiente".
Un procedimiento exprés que evita el debate público y el control institucional
La aprobación precipitada de una reforma importante mediante una propuesta parlamentaria, en lugar de un proyecto de ley del Gobierno Vasco, "constituye un uso fraudulento del reglamento parlamentario. Este procedimiento permite eludir la obligación de elaborar los informes jurídicos y técnicos necesarios si la propuesta fuera impulsada por el Gobierno", critican. Y recuerdan que, además, "se eluden los procedimientos de audiencias públicas y participación ciudadana necesarios para tal cambio legislativo. Las asociaciones ambientalistas no han sido informadas con antelación sobre la propuesta ni han sido invitadas a participar en las audiencias parlamentarias que se celebran este mes".
Solicitan la retirada de la ley
Por todas estas razones, las asociaciones ecologistas denuncian "la gravedad de esta propuesta, que vulnera las garantías ambientales de la ciudadanía vasca y del territorio" y exigen la retirada de la ley y que cualquier reforma legal en este ámbito se tramite por los cauces habituales, con todos los informes técnicos y jurídicos y la participación ciudadana.
A su vez, exigen que el Parlamento Vasco "nos escuche antes de votar esta ley" y advierten "del riesgo legal y ambiental que esta iniciativa supone para las directivas de la UE, la legislación básica estatal y la jurisprudencia ambiental europea".