La Proposición no de Ley presentada por el PP y aprobada en el pleno del Congreso con el apoyo del VOX y la abstención de JUNTS y ERC, y que carece de valor normativo, "esconde una gran mentira a la opinión pública del Estado español", ha afirmado Ecologistas en Acción, que recuerda que el calendario de cierre de las centrales nucleares del Estado firmado en el año 2018 y que contempla cerrar todos los reactores entre el año 2027 y el 2035 no fue impuesto por el Estado sino que fue un acuerdo entre las compañías eléctricas y ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos).
Según un informe del Movimiento Ibérico Antinuclear, en el momento de redactarlo a mediados del 2024, las centrales nucleares del Estado habían tenido 164 sucesos graves en los últimos 5 años, "lo que demuestra el envejecimiento del parque nuclear y la necesidad de proceder a su clausura", apunta la organización.
También plantea que Junts y ERC, que han permitido con su abstención que la propuesta prospere, "parece que ignoren que de estos sucesos,63 se han producido en las centrales nucleares de Ascó, que son las que encabezan el ranking de incidencias en las centrales del Estado".
La continuidad de las centrales nucleares catalanas, que en la fecha prevista de cierre tendrán respectivamente 46 y 48 años de funcionamiento, considera Ecologistas en Acción que es "una invitación al suicidio como país, dado que los accidentes más graves que se han producido, concretamente Chernobyl y Fuksushima, han estado en centrales nucleares que llevaban más de 40 años funcionando".
Por otra parte, respecto a la postura de ERC y Junts, que argumentan con su abstención que en Cataluña las energías renovables no están suficientemente desarrolladas para sustituir la energía nuclear, dicen los ecologistas que "es una postura cínica y un insulto a la inteligencia de los catalanes y las catalanas, dado que precisamente ellos han sido los responsables políticos. En Cataluña es necesario trabajar con urgencia para conseguir una transición energética que vaya más allá de las palabras, que sea justa y participativa, que respete la biodiversidad y que sea solidaria por parte de todas las comarcas del país".
Asimismo, Ecologistas en Acción afirma que "resultaría cómico si no fuera tan trágico que el diputado del PP que defendió la propuesta hablara de la dependencia del gas ruso por parte de España, cuando el 30% del uranio que las centrales nucleares del Estado utilizan para fabricar el combustible que necesitan es precisamente ruso", y se pregunta: "¿Qué se esconde detrás de esta propuesta fake?. A su juicio, se esconde el Estado.
"Todas las personas contribuyentes, pagamos el gasto que representa adecuar obligatoriamente por exigencia europea a estas instalaciones a una vida activa más allá de la prevista inicialmente, que por cuestiones técnicas se limitaba en un principio a los 40 años de funcionamiento. Esto es, los beneficios para las eléctricas y los gastos para la ciudadanía. Lo que quiere el lobby nuclear es una garantía de precio fijo por encima del actual precio de mercado para seguir operando durante un mínimo de 10 años posteriores al acuerdo de cierre, o directamente que el Estado pague las reformas necesarias que para seguir operando como les exige la Unión Europea", explica la organización.
Por último, la gestión de los residuos radiactivos hasta el año 2050, según tiene previsto ENRESA, costará 28.000 millones de euros. Actualmente la caja de ENRESA sólo tiene 7.000, lo que ha propiciado que la tasa que pagan las nucleares para la gestión de los residuos haya subido de un 10 a un 30%.
"Es evidente que si se cumple el calendario de cierre no se recogerá dinero suficiente para pagar toda la gestión, con lo que serán de nuevo las personas contribuyentes las que pagarán los gastos de las centrales nucleares mientras que las eléctricas se quedarán el beneficio. Éstas quieren que se vuelva a reducir la tasa, que ya de por sí es insuficiente", argumenta Ecologistas en Acción.
Finalmente, recuerda que "cerrar las centrales nucleares no es ningún capricho ecologista, es una necesidad para preservar la salud y la seguridad de las personas y es también una necesidad económica, dado que las actuales instalaciones requieren unas inversiones que van en detrimento de las que deberían emplearse para mejorar la eficiencia de las renovables, para incentivar el autoconsumo y para concienciar a empresas unos recursos que son finitos".