Los países que dependen de la extracción de petróleo deben poner fin de inmediato a actividades nocivas como la quema sistemática de petróleo y priorizar la eliminación gradual y urgente de los combustibles fósiles para garantizar una transición energética rápida y justa. Según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional, eliminar la quema de petróleo es una de las medidas más inmediatas y críticas para abordar la crisis climática, que afecta desproporcionadamente a comunidades históricamente marginadas en zonas de sacrificio.
El informe “¡Arde la Amazonía, arde el futuro!” Jóvenes activistas en defensa de la Amazonía ecuatoriana frente a las quemas de gas que amenazan derechos presentes y futuros revela cómo el Estado ecuatoriano está incumpliendo su deber de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al permitir la operación de quemas de gas en la Amazonía. A pesar de que, en 2021, la justicia dictó sentencia sobre una demanda interpuesta por nueve niñas y jóvenes activistas climáticas de comunidades de Sucumbíos y Orellana, apoyadas por la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), que ordenaba la eliminación de la quema de gas, el Estado ecuatoriano sigue permitiendo esta nociva práctica de la industria de los combustibles fósiles. Además, la quema de gas está directamente relacionada con el calentamiento global y la emisión de supercontaminantes como el metano, lo que amenaza el disfrute y la garantía de los derechos humanos.
Amnistía Internacional considera que el Estado ecuatoriano no ha cumplido la sentencia del caso de las antorchas de gas emitida el 29 de julio de 2021 por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, que dispone que las antorchas operadas tanto por la empresa estatal como por empresas privadas deben ser eliminadas de manera gradual y progresiva, priorizando el retiro de aquellas ubicadas cerca de centros poblados.
Sin embargo, los testimonios recabados, los documentos analizados y la información verificada en terreno para este informe muestran que el Estado ecuatoriano y sus instituciones responsables del sector energético hasta el momento sólo han tomado medidas que sirven para mantener a toda costa la producción petrolera, evitando dar pasos concretos y ambiciosos para retirar las llamaradas y crear las condiciones necesarias para una transición energética rápida y justa.
“Las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de actuar con decisión y prontitud para implementar urgentemente la sentencia en el caso de las antorchas de gas interpuestas por las nueve niñas y jóvenes demandantes y la UDAPT. Cumplir con esta sentencia es un acto de justicia climática, ambiental y racial. El Estado ecuatoriano debe poner fin a la quema sistemática de gas en antorchas, una práctica que hoy pone en peligro la Amazonía, el mundo y el futuro de los niños que heredarán el planeta”, dice Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Los efectos negativos de la quema de gases sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y su contribución al calentamiento global, son ampliamente reconocidos por la comunidad científica e internacional. Por esta razón, existen iniciativas globales para eliminar progresivamente la quema de petróleo y algunos países la han prohibido y regulado. Sin embargo, en América, países como Ecuador, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y Venezuela aún utilizan la quema de petróleo de manera sistemática durante la extracción. En general, tanto las empresas estatales como las privadas utilizan la quema de petróleo para reducir costos en áreas social y ambientalmente vulnerables conocidas como “zonas de sacrificio”, donde la marginalización y la pobreza se ven agravadas por la degradación ambiental causada por la extracción de petróleo.
“Si eliminamos las quemas de gas y nos comprometemos a hacer una transición hacia una economía libre de combustibles fósiles, Ecuador puede convertirse en un referente de la justicia climática y ambiental por el bien del planeta, ahora y en el futuro. La 'riqueza' petrolera nunca ha llegado a la Amazonía ecuatoriana; más bien, la región es una gran zona de sacrificio petrolero donde los niños, incluidas las niñas en el caso de las quemas de gas, son uno de los grupos de población más vulnerables”, explica Piquer.
Según el Banco Mundial, Ecuador es uno de los 30 países con mayor quema de gas en el mundo. Al mantener encendidas las antorchas de gas, está perpetuando una práctica altamente nociva que amenaza la vida, la salud y otros derechos de las personas más pobres del país. Al menos 52 encendedores se encuentran a menos de 5 kilómetros de centros de población.
Al mantener y proteger la quema de gas en lugar de implementar las alternativas existentes para reemplazar esta práctica, el Estado ecuatoriano no sólo está incumpliendo la sentencia judicial, sino que también está descuidando sus obligaciones internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y creando las condiciones para la emisión de súper contaminantes como el metano, que contribuyen a empeorar el calentamiento global.
La economía de Ecuador se ha basado históricamente en la extracción de petróleo, por lo que el país tiene una importante responsabilidad y oportunidad de reducir las emisiones de GEI del sector y allanar el camino para una transición energética rápida y justa que evite mayores daños al sistema climático global. Como el daño antropogénico al sistema climático global causado por las emisiones de GEI es acumulativo, el fracaso de Ecuador para abordar prácticas innecesarias y dañinas como la quema rutinaria de gas es una violación de su deber de mitigar y proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático y pone en riesgo a las personas y el futuro de la humanidad.