El proyecto de unión de las pistas de esquí de Candanchú, Astún y Formigal es una infraestructura, valorada en más de 60 millones de euros, que se costearía a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que distribuye el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este, anunció a finales de noviembre una partida de más de 33 millones para Aragón en los Planes de Sostenibilidad Turística ligados al PRTR, los cuales, según las organizaciones «parece que irán exclusivamente a esta construcción, sin aportar nada al resto de la comunidad autónoma».
Los colectivos señalan la incoherencia de financiar esta obra con Planes de Sostenibilidad Turística. Como ya denunciaron en junio de este año, si el proyecto se materializa «puede suponer graves impactos ambientales sobre los ecosistemas afectados que ya de por sí se encuentran en una situación muy delicada». Además, el proyecto ignora las predicciones del Observatorio Pirenaico para el Cambio Climático, que advierten de que «sostener las estaciones de esquí supone incrementar la apuesta por la innivación artificial, lo que pone en riesgo los humedales de la zona y conlleva un aumento del consumo de energía».
En abril de 2022 los grupos ecologistas solicitaron una reunión a la ministra Reyes Maroto y al antiguo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés –que ha dejado recientemente el cargo– para explicar los impactos negativos de la unión de estaciones de esquí. La solicitud, «que aún no ha obtenido respuesta», se produjo a raíz de que el secretario de Estado de Turismo manifestara la intención de financiar mediante el PRTR de turismo la infraestructura de intercomunicación entre estaciones de esquí. Una construcción que atravesaría el paraje de alto valor ecológico y paisajístico denominado Canal Roya, lindante con el pico Anayet, pendiente de ser nombrado Parque Natural, lo que supone inapropiada todo tipo de actuación hasta que se apruebe su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
Posible denuncia del proyecto ante la UE por el uso inadecuado de fondos europeos
Las organizaciones también advierten que la financiación de este proyecto es contraria al principio de No Hacer Daño Significativo (DNSH por sus cifras en inglés), condición sine qua non para la atribución de los fondos europeos que originan el PRTR. De financiarse, «la UE obligaría a España a devolver la cantidad asignada al proyecto». Por ello, los grupos ecologistas han anunciado su disposición de recurrir dicha financiación al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico –garante de la aplicación del principio DNSH– y a denunciar el proyecto ante la UE por el uso inadecuado de los fondos europeos.