La vista oral del juicio civil contra el entramado empresarial de la minera Boliden, a la que la Junta de Andalucía le reclama casi 90 millones de euros por los daños provocados por el vertido de lodos mineros de abril de 1998, ha concluido 25 años después del desastre de Aznalcóllar. En el banquillo está Boliden Apirsa como titular de los derechos de explotación, Boliden AB, como socio mayoritario de esta empresa pantalla, y otra empresa del grupo, Boliden BV.
Ahora, Ecologistas en Acción espera que la Justicia extienda la responsabilidad de las consecuencias de la rotura de la presa de residuos mineros a la sociedad matriz con solvencia patrimonial para responder a las sanciones e indemnizaciones. Explican que "Boliden Apirsa, empresa pantalla creada expresamente para la explotación minera de Aznalcóllar, fue convenientemente abocada a un concurso de acreedores una vez que decidió, en 2001, quitarse de en medio, después de cobrar las subvenciones públicas por mantenimiento de puestos de trabajo". Además, en el juicio seha concretado que "el conglomerado Boliden recibió 67 millones de euros de indemnizaciones de compañías de seguros como consecuencia de la rotura de las balsas".
Entramados societarios
La organización ecologista alerta de que esta forma de operar a través de entramados societarios, que sirven para eludir la justicia, son habituales en el sector minero. "Sin ir más lejos, para la actual reapertura de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar que la Junta de Andalucía pretende autorizar, la transnacional minera Grupo México está usando un conglomerado de empresas sin ni siquiera presentarse al concurso por los derechos mineros que se adjudicaron en 2015. Para ello, junto con la sociedad pantalla española Minorbis (empresa con el capital mínimo exigido de 3.000 euros y propiedad de los hermanos López Magdaleno de MAGTEL), han creado la empresa Minera Los Frailes, a partir de empresas anteriores como AMC Mining Iberia".
En el juicio oral, la defensa de las Boliden ha alegado "la coculpabilidad de la administración andaluza por permitir el recrecimiento de la presa de residuos". Ecologistas en Acción siempre denunció la permisividad e inacción de la Junta de Andalucía y advirtió del desastre que se cernía con el último recrecimiento, pero considera que la culpabilidad recae sobre Boliden "como responsable de una construcción deficiente por abaratamiento de costes.Es importante recordar que en 1995, unos años antes del desastre, un ingeniero de la propia minera alertó sobre las fisuras y filtraciones de la balsa de residuos y de la necesidad urgente de reforzar la estructura de la presa".
Permisividad en Ríotinto
En este sentido, manifiestan que "esta permisividad irresponsable del gobierno autonómico se repite con la autorización concedida recientemente para recrecer las macrobalsas de lodos mineros de la mina de Ríotinto". Subrayan que la rotura de estas balsas acarrearía un vertido 10 veces mayor que el que ocasionó el desastre ambiental de Aznalcóllar.
Tráfico de residuos
Destacan que la total ausencia de respecto ambiental y social de la industria minera, en este caso de Boliden, se hace patente "en el negocio extra que tenía montado en las minas de Aznalcóllar con el tráfico ilegal de residuos tóxicos. Las empresas mineras, a menudo, utilizan las cortas y pozos abandonados para enterrar residuos industriales de terceras empresas".
Enterrando los residuos tóxicos o peligrosos, las empresas productoras de residuos evitan el coste mayor de entregarlas a un gestor autorizado de residuos. Al igual que sucedía en las minas de Aznalcóllar con Boliden, el enterramiento ilegal de los residuos tóxicos se hace sin ninguna medida de protección ambiental y estos terminan filtrándose al entorno por las escorrentías de aguas.
La organización señala que "no es necesario un desastre de las proporciones de Aznalcóllar y enfrentarse a cuantiosas indemnizaciones para que la matriz haga quebrar a las empresas interpuestas", pues, a menudo, asegura, "se declara en concurso de acreedores a la empresa pantalla sólo para eludir costear la restauración de la explotación minera, si esta tiene un coste más elevado que los avales depositados para llevarla a cabo".