El jurado del condado de Morton, Dakota del Norte (Estados Unidos), que declaró ayer culpable a Greenpeace Internacional y a dos entidades de Greenpeace en Estados Unidos por la demanda de la petrolera estadounidense Energy Transfer reclama en su veredicto más de 660 millones de dólares a la organización medioambiental.
La organización ecologista ya ha avanzado que, aunque las grandes petroleras de todo el mundo sigan intentando silenciar la libertad de expresión y la protesta pacífica, "la lucha contra la demanda infundada de Energy Transfer no ha terminado", pues Greenpeace USA recurrirá el veredicto en Estados Unidos y Greenpeace Internacional también está estudiando esa posibilidad. Además, el pasado mes de febrero Greenpeace Internacional ya presentó una demanda contra Energy Transfer ante los tribunales holandeses haciendo uso por primera vez de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea para recuperar todos los daños y perjuicios sufridos "como resultado de las demandas consecutivas e infundadas de la petrolera estadounidense".
Según ha explicado Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace International, “estamos presenciando un desolador regreso a la práctica imprudente que alimentó la crisis climática, profundizó el racismo ambiental y priorizó las ganancias de los combustibles fósiles por encima de la salud pública y un planeta habitable. La anterior Administración Trump dedicó cuatro años a desmantelar las normativas que protegían el aire limpio, el agua y la soberanía indígena, y ahora, junto con sus aliados, quiere rematar el trabajo silenciando las protestas. No daremos marcha atrás. No nos callarán”,
“Este caso debería alarmar a todas las personas, sin importar sus inclinaciones políticas”, ha añadido Sushma Raman, directora ejecutiva de Greenpeace USA: “Todo esto forma parte de un renovado impulso por parte de las grandes corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia. Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta, cuyo objetivo es destruir nuestro derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión. Estos derechos son cruciales para garantizar la justicia y, por eso, seguiremos luchando juntos, en solidaridad. Las grandes petroleras podrán intentar frenar a un solo grupo, pero no pueden detener a todo un movimiento”.
Aunque Greenpeace España es una entidad legal distinta a las dos demandadas, su directora ejecutiva, Eva Saldaña, ha señalado que “es un momento triste para el activismo y la desobediencia civil, pero este veredicto no es el final de nuestra lucha contra las grandes corporaciones. Vivimos tiempos oscuros, pero ahora Greenpeace es más necesario que nunca y vamos a seguir peleando por un mundo verde y en paz donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica estén garantizados. Sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado”.
Según la organización, las demandas de Energy Transfer "son claros ejemplos de SLAPP: demandas que buscan oprimir a organizaciones sin ánimo de lucro y activistas a través de honorarios legales, empujarlos así a la quiebra y, en última instancia, silenciar la disidencia".
Las grandes petroleras Shell, Total y ENI también han presentado demandas SLAPP contra entidades de Greenpeace en los últimos años. Un par de estos casos se han detenido con éxito. Esto incluye la victoria de Greenpeace Francia sobre la SLAPP de TotalEnergies el 28 de marzo de 2024, y la de Greenpeace Reino Unido y Greenpeace Internacional, que obligaron a Shell a retirarse de su SLAPP el 10 de diciembre de 2024.