El Consejo de Ministros ha analizado el último informe de incendios forestales en España en el que, además de detallar las actuaciones de los diferentes ministerios (Interior, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Defensa y Ciencia e Innovación), se muestra la evolución del número de siniestros y se analizan las distintas tendencias y los nuevos escenarios.
El informe señala que, en lo que va de año se han producido un total de 87 incendios forestales que han arrasado 66.064 hectáreas, unos episodios que se han repartido por todo el territorio nacional y en los que no se han producido fallecidos o heridos de gravedad. Solo se han registrado 70 heridos, todos ellos de consideración leve.
Así consta en el informe que ha sido elevado al Consejo de Ministros y que señala, además, que en 28 de estos 87 incendios se han llevado a cabo evacuaciones preventivas que han afectado a un total de 22.300 personas. De ellas, 4.565 lo han sido en el incendio de Puntagorda y 13.019 en el incendio de Arafo, ambos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Las consecuencias a efectos de protección civil en los 87 incendios que han tenido lugar desde inicios de este año han sido, por lo general, en infraestructuras, sobre las vías de comunicación, tendidos eléctricos, interrupción de algunos servicios esenciales y evacuaciones de la población como medida de seguridad.
Cambio climático
El informe señala que la emergencia climática provoca que los incendios forestales sean cada vez más virulentos y difíciles de gestionar, conllevando un incremento de los índices de riesgo. También, que los Grandes Incendios Forestales (GIF) ya no se produzcan únicamente en verano, como se ha observado tras los incendios registrados entre Castellón y Teruel en febrero y en Asturias entre marzo y abril. La desestacionalización de los incendios, y más en el caso de los GIF, resulta preocupante.
En el informe de incendios forestales también se muestra la evolución de los GIF, relevante por su extensión y por los impactos que general. En lo que va de 2023 ha habido dos GIF más que la media del decenio y 37 menos que en 2022. En total, han resultado afectadas 47.000 hectáreas en 18 GIF.
El más importante de todos los incendios forestales fue el que se inició en Arafo, enTenerife, que ha afectado a 14.750 hectáreas de hasta 13 municipios.
Refuerzo de la prevención
El informe concluye con la necesidad de seguir trabajando en la vía iniciada por el Gobierno de refuerzo constante del Sistema Nacional de Protección Civil y de los planes de prevención y adaptación frente al cambio climático. Fruto de este trabajo, este año la campaña de incendios se adelantó casi dos meses y se aprobó en junio.
En esta línea, el informe destaca que es fundamental reducir la amenaza que estos siniestros suponen para la sociedad civil y seguir trabajando con anticipación y coordinación. Ante este escenario, resulta necesario continuar con el desarrollo del Real Decreto-ley 15/2022 de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales para instaurar medidas de inmediata aplicación en los tres ámbitos desde los cuales se han de abordar los incendios forestales: prevención, extinción y mantenimiento y restauración de los terrenos forestales afectados.
Su cumplimiento compete tanto a las Entidades Locales, las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias. Entre ellas, los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, la elaboración de los Reales Decretos de directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los citados planes y de Medidas urgentes de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.
Zona catastrófica en siete comunidades
El Ejecutivo en funciones ha aprobado declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el área dañada por el incendio de Arafo (Tenerife) y otros 36 incendios forestales registrados desde el 24 de junio en distintos puntos de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura.
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que esta declaración abre la vía para que los ciudadanos que hayan sufrido daños puedan solicitar las ayudas económicas necesarias para recuperar su vida cotidiana. "Este Gobierno siempre ha tenido clara la necesidad de no dejar a nadie atrás cuando se produce una situación de este tipo, una emergencia no se puede dar por concluida hasta que el último de los afectados haya podido recuperar su normalidad", ha resaltado el ministro.
Las ayudas se conceden en base al principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las comunidades autónomas.