Jesús Julio Carnero, del Partido Popular, nuevo alcalde de Valladolid gracias al apoyo de los tres concejales de la ultraderecha, ha iniciado su mandato con un ataque directo a la conciencia medioambiental de la ciudad al convocar una consulta para eliminar la ordenanza que habilitó los carriles bici y bus de la localidad pucelana.
Ante la apertura de esta consulta pública,organizaciones sociales, sindicales, de familias, vecinales y ecologistas indican que sería una medida regresiva y perjudicial para la salud. En concreto, ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), Asamblea Ciclista de Valladolid, Asociación La Curva (ciclistas urbanas y rurales de Valladolid) Asociación Ciudad Sostenible, Ecologistas en Acción, FAPAVA (Federación de AMPAs de Valladolid), Federación de AAVV Antonio Machado, STECyL (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León) y Greenpeace han presentado sugerencias respecto a la consulta planteada por el Ayuntamiento, previa a la posible derogación de la ordenanza que regula determinados carriles bici y bus-taxi.
Estas organizaciones consideran un retroceso para la ciudad la derogación de dicha ordenanza, que tendría efectos negativos para el transporte público, así como para el necesario desarrollo de modos de movilidad alternativos y no contaminantes, y la calidad del aire de la ciudad, con graves efectos sobre la salud de las personas. No podemos olvidar que son entre 200 y 300 las muertes al año ocasionadas por la contaminación del aire en Valladolid, según el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el Instituto de Salud Global de Barcelona.
La ciudad necesita menos coches, no más carriles, señalan estas organizaciones. Hay que modificar el modelo de movilidad imperante, basado en el uso del vehículo privado, por otro más sostenible y saludable, que ponga el foco en el transporte público y los medios de transporte no contaminantes, como los desplazamientos a pie (mayoritarios en nuestra ciudad), bicicleta y vehículos de movilidad personal (VMP).
Los 11 km de carril bus-taxi y los 25 km de carril bici cuya eliminación se pretende, se habilitaron tras el confinamiento, en julio de 2020, con el fin de mejorar la calidad ambiental. Dichas actuaciones encuentran acogida en el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, en el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Valladolid, aprobado por el Ayuntamiento en el Pleno del 30 de noviembre de 2021, y en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la ciudad de Valladolid, aprobado por el Ayuntamiento en el Pleno del 2 de marzo de 2022, que incluye una zona de bajas emisiones cuya regulación está pendiente de su Ordenanza específica.
El documento informativo que acompaña la consulta pública se limita a una página de vaguedades que no cumplimenta siquiera formalmente los requisitos del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de reglamentos. No se concretan cuáles son los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, ni la necesidad y oportunidad de su aprobación, ni las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Ni siquiera se formulan los objetivos de la norma, más allá de “permitir nuevas orientaciones de movilidad en el ámbito contemplado por la misma”, sin definirlas.
La derogación de la ordenanza supondría un paso atrás en este necesario cambio de modelo: el incremento del espacio destinado al vehículo privado tiene un “efecto llamada” para este tipo de desplazamientos, y afecta negativamente al atractivo del transporte público, al aumentar los tiempos de recorrido, y a los desplazamientos en bicicleta y VMP, más inseguros al tener que compartir espacio con el resto de vehículos.
La movilidad motorizada ocasiona una parte mayoritaria de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, y es la principal responsable de los niveles de contaminación atmosférica a los que se halla expuesta la población de Valladolid. La ciudad no necesita suprimir carriles bus-taxi ni carriles bici, sino todo lo contrario: aumentar sustancialmente los espacios reservados a la circulación de peatones, ciclistas y transporte público. Los derechos a la salud y a un medio ambiente adecuado son esenciales para la vida, y así aparecen recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Española, prevaleciendo sobre cualquier ilusorio e inexistente derecho a circular por la ciudad en vehículos con motor de explosión.
La derogación dificulta la implantación de caminos escolares seguros, que fomentan una vida saludable y la recuperación de la autonomía por parte de la infancia, que les ha sido arrebatada por la presión del coche en las ciudades. En caso de que la derogación del plan de movilidad trajera consigo mayor facilidad para la circulación del automóvil en los entornos escolares, se impediría el avance en estos programas.
También preocupa a las organizaciones convocantes la posible pérdida de los fondos europeos concedidos por el MITMA para la mejora de la movilidad ciclista, la implantación del proyecto de ZBE y las actuaciones complementarias a la ZBE, que podría suponer la exigencia de devolución de más de 6 millones de euros ya concedidos, con un grave daño a las arcas municipales.