La Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil han sido obligadas a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para poner fin a los malos olores y a la degradación ambiental del embalse de As Conchas y sus alrededores, restaurando así el pleno disfrute del derecho a la vida de sus ciudadanos.
Esta sentencia representa un paso crucial hacia el reconocimiento de que los devastadores impactos de la ganadería industrial no son sólo una cuestión de políticas públicas, sino también de derechos humanos.
Las abogadas de ClientEarth y Amigas de la Tierra afirman que este caso abre el camino para que comunidades afectadas en toda Europa puedan presentar demandas similares y exigir justicia y protección a sus autoridades.
La población de As Conchas lleva años sufriendo la contaminación severa del embalse y del río: problemas de salud sin explicación, brotes severos de cianobacterias, un olor insoportable en el entorno, y todo debido a la contaminación por nitratos y bacterias de sus acuíferos. Esta situación ha puesto en jaque a los negocios locales y la vida en el municipio se ha hecho totalmente inviable. A pesar de las pruebas científicas sobre la contaminación del embalse, las autoridades han seguido ignorando el problema, e incluso llegando a autorizar la celebración de un torneo de piragüismo durante uno de los muchos episodios de proliferación de cianobacterias tóxicas.
Un grupo de nueve demandantes, personas y organizaciones, entre las que se encuentra la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), apoyado por ClientEarth y Amigas de la Tierra, han llevado el caso ante los tribunales. Se trata de una demanda histórica contra diversas administraciones, incluida la Xunta de Galicia, que denuncia, entre otras cuestiones, la inacción institucional frente a los impactos en la salud y el medio ambiente, y la permisividad de la expansión descontrolada de la ganadería industrial, a pesar de los reiterados daños demostrados.
Durante las vistas judiciales, los peritos presentaron pruebas con las que demostraban que los niveles de contaminación por nitratos en el embalse y la cuenca del río Limia han llegado incluso a superar en 1.000 veces lo permitido. Los nitratos son un factor de riesgo reconocido de diversos tipos de cáncer, como el de tiroides, mama, ovario, estómago, páncreas y vejiga. Los peritos también presentaron evidencias de la presencia de superbacterias resistentes a antibióticos, consideradas una de las diez principales amenazas para la humanidad.
En la sentencia, el tribunal establece que “los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes. Así, un medio ambiente sostenible es necesario para el pleno disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado, y al agua potable y el saneamiento, a la vivienda, a la participación en la vida cultural y al desarrollo”.
Este caso histórico marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales frente a la contaminación de acuíferos ocasionada por la ganadería industrial. El mismo se basa en la Constitución española, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en normativa medioambiental europea y estatal para demostrar que las autoridades han incumplido su obligación legal de proteger a la población frente a los daños provocados por la contaminación del río Limia y del embalse de As Conchas.
El fallo envía un mensaje claro a las autoridades: tienen el deber legal de actuar cuando la salud pública y el medio ambiente están en riesgo.
Según afirma Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos local y demandante en el caso, “después de tantos años de lucha incansable, de sentirnos abandonadas y abandonados, ignorados por quienes debían protegernos, hoy por fin nos han escuchado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha reconocido lo que llevamos tanto tiempo denunciando: nuestros derechos han sido vulnerados por la inacción de las administraciones frente a la contaminación de la ganadería industrial”.
Para Mercedes Álvarez de León, demandante en el caso y empresaria local, “es un gran alivio y una alegría inmensa. Ya estábamos totalmente desesperados y por fin se reconocen todos estos años de angustia y sufrimiento. En la vista judicial se demostró la gravedad de la situación en la zona, los altos niveles de contaminación de los acuíferos y el riesgo que suponen para mi salud y la de mi familia. La situación nos afectó enormemente hasta el punto de no poder hacer una vida normal”. Y prosigue, “tras años de ser ignorados por las autoridades locales, por fin se hace justicia. Espero que algún día nuestra vida y la de nuestros hijos vuelva a ser la que era. Además esta sentencia ayudará a más comunidades como la nuestra a defender sus derechos. Es sumamente preocupante saber que nos han tratado como una «zona de sacrificio», saber que han vulnerado nuestros derechos fundamentales. Quiero que este caso sirva de lección a las administraciones de toda España y Europa: es su responsabilidad proteger a su gente y recuperar el control ante la contaminación de la ganadería industrial. Ahora quiero que nuestra lucha sirva como ejemplo para que se escuche a otras comunidades, que no se callen y luchen por sus derechos”.
Por su parte, Nieves Noval, abogada de ClientEarth, señala que “no se puede obligar a las comunidades locales a cargar con el peso de la contaminación provocada por la ganadería industrial. Las autoridades tienen la obligación legal de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, y deben cumplirla. Este caso no se limita a Galicia; estos focos de contaminación están presentes en todas partes. Seguiremos apoyando a las personas que viven en “zonas de sacrificio” para exigir un cambio sistémico en nuestros sistemas alimentarios y para proteger sus derechos fundamentales”.
Impulsada por los mercados de exportación, modelos de producción baratos y una débil regulación ambiental, la expansión descontrolada de la producción intensiva de carne de cerdo en las últimas dos décadas ha tenido impactos devastadores en toda España. En los 12 meses previos a febrero de 2025, se sacrificaron más de 53 millones de cerdos, lo que convierte a España en el principal productor de carne porcina de la UE, y el tercero a escala mundial. A pesar de décadas de evidencia, las autoridades locales y el gobierno español han seguido respaldando la expansión de este modelo intensivo, incluso en zonas que ya sufrían estrés hídrico y contaminación por nitratos.
Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, advierte de que "ahora las administraciones tendrán que tomar medidas y estaremos vigilantes para lograr que se cumplan. Necesitamos un plan de reducción de la ganadería industrial y facilitar la transición hacia una ganadería extensiva, la agroecología y modelos que respeten los límites de los ecosistemas y contribuyan a mantener un mundo rural vivo. Las administraciones deben velar por los derechos y la salud de la ciudadanía, y no dejaremos de reivindicarlo y apoyar a las comunidades locales que lo necesiten”.
Por último, David Sánchez, director de CECU, afirma que “las autoridades son, efectivamente, las responsables de que las actividades de la industria no afecten a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esperamos que esta sentencia marque el principio del fin a situaciones que dificultan o incluso impiden a la población del medio rural beber agua de los grifos en sus domicilios y que se haga justicia en estos casos de contaminación”.
Antecedentes del caso
Desde que se presentó la demanda, políticos portugueses han cuestionado a su propia agencia medioambiental sobre el riesgo de contaminación aguas abajo; la Diputación de Ourense acordó por unanimidad a finales de junio exigir a las administraciones medidas urgentes para acabar con la contaminación del río Limia y del embalse de As Conchas. Los eurodiputados españoles han pedido a la Comisión Europea que tome acciones ante esta situación.
Mientras tanto, los vecinos afectados han expresado su indignación por la defensa presentada por la Xunta durante la vista judicial, en la que se negó que existiera un riesgo grave para los demandantes.
ClientEarth ya ha emprendido acciones legales similares en Italia, después de que la contaminación por fertilizantes procedente del cultivo de avellanos destruyera el ecosistema del Lago Vico y envenenara el agua potable local. El caso se ganó, y las autoridades fueron obligadas a limpiar la fuente de agua.
La emblemática laguna salada del Mar Menor ha sufrido reiterados colapsos ecológicos debido al vertido continuo de fertilizantes agrícolas y purines, lo que provocó un olor insoportable y miles de peces muertos en las orillas, alejando al turismo de una zona anteriormente próspera. En 2021, ClientEarth se unió a Ecologistas en Acción para emprender acciones legales. Desde entonces, la laguna ha obtenido el estatus de persona jurídica.