El Defensor del Pueblo, liderado por Ángel Gabilondo, ha lanzado una contundente petición a la Administración española para que se revise la normativa vigente en relación con la devolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas asistenciales por parte de hogares vulnerables. En un contexto de creciente preocupación social y económica, Gabilondo ha instado a que se modifique la Ley General de la Seguridad Social para que las familias en situaciones de emergencia no tengan que devolver las prestaciones recibidas cuando se pueda acreditar que actuaron de buena fe o cuando los errores en el cálculo de las mismas sean atribuibles a la Administración.
Esta solicitud se enmarca en una actuación de oficio que el Defensor del Pueblo ha iniciado tras recibir numerosas quejas y tras conocer casos a través de los medios de comunicación. Según se ha informado, en las últimas semanas, muchas familias que han estado percibiendo el IMV han sido notificadas para que devuelvan las cantidades cobradas durante los últimos años. Estas reclamaciones están generando una gran angustia entre los beneficiarios, quienes en muchos casos se encuentran en situaciones de extrema necesidad y carecen de los recursos necesarios para devolver las cantidades reclamadas.
Familias en un estado de vulnerabilidad extrema
Gabilondo ha expresado su preocupación ante esta situación: “Hemos recibido informes de familias que se encuentran en un estado de vulnerabilidad extrema, sin capacidad económica para devolver las ayudas que en su momento recibieron de manera legítima, y que ahora son reclamadas por la Administración.” Además, subraya que “muchos de estos casos no se deben a la mala fe de los beneficiarios, sino a errores administrativos o a demoras en la revisión de la prestación por parte de las entidades gestoras”.
El Defensor del Pueblo considera fundamental que se tenga en cuenta la situación de emergencia social en la que se encuentran muchas de estas familias antes de exigir la devolución del IMV u otras ayudas. Por ello, ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que valore la posibilidad de modificar el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social. Este artículo actualmente obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar todas las deudas en todos los casos, sin hacer distinciones sobre la situación económica de los afectados o la posible existencia de errores administrativos.eguridad Social.
Esta propuesta de reforma no solo afecta al Ingreso Mínimo Vital, sino que también se extiende a otras ayudas asistenciales, como las pensiones no contributivas de invalidez o jubilación, y los subsidios de desempleo de larga duración. La finalidad es evitar que las familias más vulnerables, que dependen de estas ayudas para subsistir, se vean en la obligación de devolver cantidades que recibieron legítimamente debido a fallos que no son atribuibles a ellas.
El argumento se apoya, además, en recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo español, que han considerado desproporcionado reclamar la devolución íntegra de prestaciones o ayudas asistenciales cuando se ha comprobado la buena fe de los beneficiarios o cuando el error ha sido cometido por la propia Administración. Estas sentencias refuerzan la postura de Gabilondo y subrayan la importancia de una actuación más humana y justa por parte de las autoridades en la gestión de las ayudas sociales.
En su intervención, Gabilondo ha resaltado que “la Administración debe ser capaz de distinguir entre aquellos que intentan defraudar y aquellos que, por necesidad, dependen de estas ayudas para sobrevivir. No es justo que familias que están al borde de la pobreza se vean aún más castigadas por errores que no han cometido”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de actuar con celeridad para evitar que estas reclamaciones generen más daño y sufrimiento a las personas afectadas.
El Defensor del Pueblo ha trasladado esta petición también a la Secretaría de Estado de Trabajo, que supervisa el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para conocer su posición sobre la posible reforma legal y para instar a una reflexión profunda sobre la jurisprudencia existente y su aplicación en la gestión de las ayudas.
La propuesta de Gabilondo pone de manifiesto una cuestión de gran relevancia en el ámbito de la política social: la necesidad de garantizar que las ayudas asistenciales lleguen a quienes más las necesitan, sin someterlos a cargas injustas que agraven aún más su situación de vulnerabilidad. En un momento en que la sociedad enfrenta desafíos económicos significativos, es crucial que las políticas públicas estén orientadas a proteger a los más desfavorecidos y a asegurar que el Estado actúe con justicia y equidad.
La actuación del Defensor del Pueblo abre un debate necesario sobre el papel de la Administración en la gestión de las ayudas sociales y la responsabilidad de asegurar que ningún ciudadano se vea perjudicado por errores que no le son atribuibles. La propuesta de reforma legal es un paso en la dirección correcta para fortalecer la protección social en España y para garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan, sin generarles nuevos problemas o dificultades.