En el actual panorama tecnológico global, un reciente informe de Amnistía Internacional, titulado "Gender and Human Rights in the Digital Age", alerta sobre cómo los sistemas tecnológicos están consolidando las desigualdades de género y reforzando las estructuras de poder racial y socioeconómico. La brecha digital de género, un problema que ha sido históricamente arraigado, se ve exacerbada por la implementación de nuevas tecnologías que no solo ignoran, sino que muchas veces agravan las disparidades existentes.
Impacto en los derechos humanos y la privacidad
El uso extensivo de la tecnología por parte de gobiernos y grandes corporaciones tecnológicas ha llevado a prácticas de recopilación de datos exhaustivas e inadecuadas. Estas prácticas no solo fallan en reflejar la realidad individual de grupos marginalizados, como las mujeres y las personas LGBTI, sino que además suponen una amenaza directa a sus derechos humanos. En muchos casos, estas tácticas están justificadas bajo el pretexto de la eficiencia en costos, pero resultan en sistemas automatizados que perpetúan estereotipos y discriminación.
Discriminación codificada en la tecnología
El informe detalla casos específicos, como el de la Autoridad Nacional de Bases de Datos y Registro (NADRA) en Pakistán, que ilustran cómo decisiones tecnológicas pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. La suspensión de la categoría X en las tarjetas de identidad nacionales dejó a miles de personas transgénero y de género diverso sin la capacidad de ejercer derechos fundamentales como votar o acceder a servicios de salud. Aunque las inscripciones para esta categoría se reanudaron posteriormente, el daño temporal a estos derechos subraya la vulnerabilidad de los grupos marginalizados frente a políticas tecnológicas no inclusivas.
Además, la limitación del acceso a información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, especialmente servicios críticos como el aborto, por parte de gobiernos y plataformas de redes sociales, constituye una violación del derecho a la salud. Estas acciones son parte de una tendencia creciente que se observa en varios países, incluyendo los Estados Unidos, donde el contenido relacionado con el aborto ha sido censurado en plataformas como Meta y TikTok.
La vigilancia como violencia de género
La vigilancia digital selectiva y el uso de software espía son identificados en el informe como formas de violencia de género facilitada por la tecnología. En Tailandia, por ejemplo, activistas de derechos humanos, especialmente mujeres y personas LGBTI, han sido objeto de vigilancia digital y acoso en Internet por parte de agentes estatales y no estatales. Estas tácticas no solo infringen la privacidad y la seguridad de los individuos, sino que también crean un clima de miedo y autocensura, debilitando la participación en el activismo social y los movimientos por los derechos humanos.
Imogen Richmond, investigadora sobre tecnología y derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional, concluye que es esencial que tanto gobiernos como actores privados adopten un enfoque explícitamente inclusivo de género para regular las tecnologías y abordar sus perjuicios. Solo así se podrá garantizar que la integración de la tecnología en la sociedad no siga perpetuando, o incluso agravando, las discriminaciones y desigualdades existentes.