En una decisión que reafirma los valores de igualdad y no discriminación en España, el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por 50 diputados de Vox contra la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como Ley Zerolo. Este fallo destaca la necesidad de examinar críticamente las tácticas y argumentos utilizados por Vox en su oposición a esta ley fundamental.
El recurso de Vox, un ataque a la igualdad
Vox presentó su recurso cuestionando varios aspectos de la Ley Zerolo, alegando que perjudicaba a los centros educativos que segregan por sexos al prohibir que reciban financiación pública. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una sentencia firmada por la magistrada María Luisa Segoviano, ha concluido que, aunque la educación diferenciada por sexos no está prohibida por la Constitución, esto no implica que deba recibir ayudas públicas. El tribunal ha subrayado que el legislador puede optar legítimamente por apoyar un modelo educativo que promueva la coeducación, un valor que refuerza el principio constitucional de igualdad.
La postura de Vox, en este caso, revela una visión retrógrada que intenta mantener prácticas discriminatorias bajo el amparo de la financiación pública. La insistencia en financiar centros que segregan por sexos no solo es contraria a los principios de igualdad, sino que también refleja una resistencia a adaptarse a las demandas de una sociedad que busca mayor inclusión y equidad.
Perspectiva de género y derechos fundamentales
Vox también atacó la obligación de incorporar la perspectiva de género en las políticas contra la discriminación, calificándola como un planteamiento ideológico contrario a la neutralidad administrativa. El Tribunal Constitucional ha desestimado esta alegación, afirmando que la perspectiva de género es un enfoque metodológico y criterio interpretativo diseñado para promover la igualdad entre mujeres y hombres. En su sentencia, el Tribunal ha subrayado que la implementación de esta perspectiva no impone una ideología específica, sino que fomenta el respeto a los valores constitucionales.
La crítica de Vox a la perspectiva de género es un claro ejemplo de cómo este partido intenta politizar y deslegitimar herramientas que son esenciales para alcanzar la igualdad de género. Al oponerse a estas medidas, Vox no solo niega la realidad de la discriminación de género, sino que también busca impedir el avance de políticas que promueven una sociedad más justa e igualitaria.
Resistencia a la No discriminación
El recurso de Vox también arremetía contra los preceptos de la ley que impiden discriminar por razones de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición personal o social en la contratación de trabajadores y en el acceso a la vivienda. Vox argumentaba que esto representaba una limitación a la libertad de contratación y de empresa. No obstante, el Tribunal Constitucional ha reafirmado que "los particulares también están obligados a respetar los derechos fundamentales", destacando que las leyes que promueven la igualdad y la no discriminación son esenciales para la cohesión social y el respeto mutuo.
La resistencia de Vox a estas disposiciones refleja una defensa de privilegios y un rechazo a la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Este enfoque no solo es contrario a los principios democráticos básicos, sino que también promueve una visión excluyente y divisiva de la sociedad.
Reacciones a la sentencia del Constitucional
El fallo del Tribunal Constitucional se ha conocido pocos días antes del noveno aniversario del fallecimiento de Pedro Zerolo, el político que impulsó el espíritu de esta ley. Las reacciones a la decisión han sido numerosas y variadas. Desde la Fundación Zerolo, han manifestado una "gran satisfacción" por el aval constitucional a la Ley Zerolo y las políticas contra la discriminación que establece, especialmente en lo que respecta a la inversión de la carga de la prueba en procesos sancionadores administrativos, como recogen las Directivas Europeas desde 2003.
La Federación Estatal LGTBi ha advertido que, "aunque Vox no lo quiera entender, la igualdad no es un invento nuestro. Es un principio constitucional básico". Han enfatizado que la Ley Zerolo regula cómo se materializa y ejecuta este principio en la vida diaria, subrayando la importancia de su implementación efectiva.
Por su parte, desde la Federación de Enseñanza de CC OO han celebrado la sentencia, afirmando que se alinea claramente con los posicionamientos a favor de la eliminación del concierto educativo para los centros que segregan a niñas y niños. Han señalado que estarán vigilantes para asegurar el cumplimiento de los preceptos establecidos por la sentencia.
La decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso de Vox y avalar la Ley Zerolo de igualdad de trato representa un paso significativo hacia la consolidación de una sociedad más justa e inclusiva en España. Este fallo reafirma el compromiso del país con los valores constitucionales de igualdad y no discriminación, proporcionando un marco legal robusto para combatir las injusticias y promover la cohesión social. La crítica a la postura de Vox resalta su resistencia a aceptar y adaptarse a los avances necesarios para una sociedad moderna y equitativa.