El Open Arms gana el pulso a Salvini

El Open Arms ya puede entrar en aguas italianas sin la amenaza de ser retenido ni de pagar multas millonarias tras quedar cancelada por un tribunal administrativo de Lazio la prohibición firmada por el ministro del Interior Matteo Salvini, que no permitía a este buque entrar a sus aguas territoriales.Así lo ha anunciado este miércoles en Madrid el fundador de la oenegé catalana, Oscar Camps, tras reunirse con el embajador alemán, a quien ha pedido que medie con el Gobierno español para encontrar una solución permanente a los rescates en el Mediterráneo.Camps también ha avanzado que pedirá la evacuación inmediata “por motivos médicos” de los 147 inmigrantes que aún permanecen a bordo del buque, aunque no lo hará “sin obtener antes la autorización previa de las autoridades italianas o maltesas, los países en los que se encuentran los puertos seguros más cercanos”.“Buscamos la legalidad absoluta”, ha resaltado Camps, quien ha anunciado que ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas van a buscar ya abrigo en la isla italiana de Lampedusa.Por otra vez, Camps asegura que el Gobierno español en funciones le ha negado hasta en tres ocasiones por escrito una reunión con Pedro Sánchez mientras que en las últimas semanas sí ha tenido contactos con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el de Francia, Emmanuel Macron, quien le ha prometido ponerse “en marcha” para resolver la situación de los 151 inmigrantes que están a bordo del barco de la ONG a 25 millas de Lampedusa (Italia) sin encontrar un puerto seguro donde desembarcar. Entrevistado por la Cadena Ser, Camps ha admitido que con el Ejecutivo español hay “contactos pero no a nivel” de Pedro Sánchez. “En su día nos conocimos, quedamos para tomar un café, desde entonces hicimos tres peticiones pero me han contestado por escrito que no”, ha indicado.Y, aunque ha admitido que “no es responsabilidad del ejecutivo lo que pase en el Mediterráneo Central” considera que eso “no implica que una organización española que trabaja en un país de África o Asia, sea protegida por su propio Gobierno”.