El Tribunal Constitucional ha acordado, tras un debate que se extendió por aproximadamente noventa minutos, admitir a trámite la impugnación presentada por el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez contra una iniciativa del Parlamento de Cataluña. Dicha iniciativa solicita la declaración de independencia de la Comunidad, lo cual ha llevado a la suspensión provisional de esta medida. Este consenso del tribunal, aunque unánime, no estuvo exento de discrepancias respecto a los fundamentos para aceptar el recurso.
La decisión, documentada en una providencia y cuya redacción correspondió al magistrado Enrique Arnaldo, implica la suspensión de la resolución impugnada desde el pasado 27 de marzo, fecha en que fue interpuesto el recurso por parte del gobierno central.
Como parte del procedimiento, el Tribunal Constitucional ha notificado al Parlament catalán, concediéndole un plazo de veinte días para que presente los documentos y alegaciones que considere pertinentes en defensa de su iniciativa. Además, se ha dispuesto la publicación de este proceso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), asegurando así su debida difusión.
Este proceso jurídico se originó tras la decisión del Consejo de Ministros, en fecha reciente, de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite por la Mesa del Parlament catalán a inicios de febrero. Según declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, esta acción del gobierno buscaba suspender de forma inmediata la tramitación de la iniciativa, apelando a un mecanismo constitucional que prevé la suspensión automática de cualquier disposición impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo, a diferencia de los recursos presentados por los grupos parlamentarios, que no conllevan dicha suspensión.
La solicitud de impugnación por parte del gobierno se produjo tras el avance de la propuesta registrada por Solidaritat Catalana per la Independència, que logró ser admitida gracias al apoyo de los votos de Junts y la CUP, la abstención de un representante de ERC y la oposición de los miembros del PSC en la mesa directiva del Parlament. Este movimiento jurídico subraya la continua tensión entre el gobierno central y las aspiraciones independentistas de algunos sectores en Cataluña, marcando otro capítulo en el complejo diálogo político y constitucional que define la relación entre ambas partes.