España, el país de la desigualdad, hasta en la "muerte digna"

Se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley 3/2021 Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). La norma, que cuenta con el apoyo de la mayoría de la población y con el aval del Tribunal Constitucional, despenaliza la ayuda médica para morir en algunas circunstancias. En estos 24 meses se han presentado más de 1.000 solicitudes y se ha ayudado a morir a más de 370 personas. A las 75 muertes asistidas practicadas en 2021 se añaden 295 durante 2022, según los datos que ha recopilado la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

Las 295 eutanasias de 2022 suponen el 0,07% del total de fallecimientos anuales en España, una cifra muy alejada de la de Bélgica, Canadá, Países Bajos o Suiza, donde la muerte médicamente asistida representa entre el 1% y el 4% del total. Por eso Fernando Sanz, portavoz de DMD, ha explicado que "el número de personas que fallecerá por eutanasia crecerá en los próximos años". Pese a todo, ha recalcado que la importancia de este nuevo derecho cívico no emana del número de personas que lo ejerzan, sino de las libertades que amplía. "Era una ley necesaria desde hace muchos años", ha sentenciado.

Diferencias entre comunidades

La puesta en marcha de la LORE no ha estado exenta de problemas. "Desde el principio sospechábamos que había una gran disparidad en cómo habían implementado la prestación las distintas comunidades autónomas", ha explicado Sanz, que cuando se cumplía el primer año de la ley, en junio de 2022, elaboró un trabajo de evaluación que apuntaba a esas diferencias entre territorios.

Posteriormente, las cifras han confirmado esas discrepancias. Mientras que en Navarra la muerte asistida supera el 0,2% del total de muertes anuales, en Murcia apenas llega al 0,015%. Sin embargo, "la baja calidad de los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas hacen muy difícil darles una explicación. Los datos que tenemos son pocos y además incompletos», ha afirmado Sanz.

Como una de las patas del trabajo de DMD es el asesoramiento sobre derechos sanitarios al final de la vida, durante estos dos años la asociación ha conocido de cerca muchas peticiones de eutanasia. "Más de 70 casos", ha recalcado Sanz. De estas, la mayoría se han encontrado con problemas durante su tramitación, algunos muy graves. Aunque la baja calidad de los datos no permite distinguir cuáles son anecdóticos y cuales estructurales, "estos casos con dificultades nos aportan mucha información", ha indicado.

Dificultades para acceder a la eutanasia: “Eso aquí no se hace”

De la lista de problemas conocidos, DMD ha destacado algunos de los más relevantes. "Por ejemplo, la falta de implicación de la sanidad privada", ha explicado Fernando Marín, médico y vicepresidente de DMD.También ha asegurado que existen casos casos de personas que, cuando han intentado hacer su solicitud de eutanasia, han recibido un “eso aquí no se hace” por respuesta. Algunas han necesitado más de seis meses para conseguir un médico que se haga cargo de su solicitud porque la sanidad privada no se ha organizado para atender estas peticiones. "Esto es especialmente grave para aquellas personas de MUFACE, ISFAS o MUGEJU que, si optan por el aseguramiento privado, no tienen acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud".

Otro de los problemas es el manejo de la objeción de conciencia. "No la objeción en sí", ha afirmado Marín, "es un derecho que se debe garantizar, pero es excepcional y no necesitamos a todos los médicos". Sin embargo, a menudo los objetores "de conciencia y de conveniencia" no cumplen con su obligación. Aunque no tienen que participar en el proceso, sí tienen el deber de recibir y rubricar las peticiones de eutanasia que reciban y remitirlas a sus superiores.

La "excesiva duración" del procedimiento

Durante estos dos años de LORE, el obstáculo más generalizado ha sido el alargamiento excesivo –e injustificado– de los plazos del proceso. "De los 25 días que podría durar el proceso desde la primera solicitud hasta que se autoriza la eutanasia, lo más habitual es que dure más de 50", ha asegurado Marín. También ha recordado el contexto de extrema debilidad y sufrimiento en el que se producen la mayoría de estas peticiones. Un porcentaje significativo de peticiones, de hecho, terminan porque la persona fallece antes de concluirlo.

Marín también han destacado las restricciones establecidas sobre los aplazamientos. Algunas personas en contexto eutanásico, ha explicado, quieren tener confirmado su derecho a la eutanasia, pero no morir inmediatamente. El sistema, sin embargo, trata de establecer un límite de tiempo para que decidan tras la autorización de la Comisión de Garantía y Evaluación. Si este plazo se excede, proponen las administraciones, debe hacerse otra petición desde el principio. "Una cosa es tomar la decisión de iniciar los trámites y otra es ponerle día y hora a tu muerte", ha explicado Marín. "El sistema no debería poner límites a que, una vez reconocido tu derecho, quieras disponer del tiempo que te queda como decidas".

¿Qué hay que mejorar?

Sobre qué medidas son necesarias para mejorar la prestación de ayuda para morir, los portavoces de DMD han señalado que todos los centros, públicos y privados, donde se presta atención sanitaria tengan un protocolo de respuesta ante una petición de eutanasia.

También consideran necesario implantar un sistema de referentes, profesionales capaces de asesorar a los facultativos que reciben una solicitud por primera vez y requieren apoyo técnico, administrativo y emocional para abordarla.

Otros aspectos son la eliminación de los límites de tiempo en el aplazamiento y la mejora de la calidad de los datos recogidos, de forma que sean comparables entre territorios y se pueda hacer una evaluación completa de la realidad de la eutanasia en España.

En qué comunidades funciona mejor

A falta de mejores datos que pinten una imagen completa, el indicador que mejor permite evaluar el desempeño de las comunidades autónomas es el porcentaje de eutanasias respecto del total de fallecimientos anuales.

Con la información disponible no es posible conocer las causas de estas diferencias. "Con los datos que tenemos no podemos contestar", ha explicado Sanz. "La pregunta está abierta". Tratar de responderla permitirá conocer mejor cómo funciona la prestación de ayuda para morir, identificar deficiencias y proponer mejoras.