El Juzgado de Guardia de Granada ha tomado una decisión crucial: suspender la entrega de Daniel Arcuri Rivas, hijo menor de Juana Rivas, a su padre en Italia. La medida, aunque provisional, marca un hito en la batalla judicial que lleva años enfrentando a esta madre granadina con su expareja, Francesco Arcuri, quien ostenta la custodia del niño. Este giro judicial se produce tras un intenso día de recursos y peticiones por parte de los abogados de Rivas, que han luchado para que el menor sea escuchado en España.
El pequeño Daniel, de apenas diez años, declaró en dependencias judiciales sobre los episodios de violencia que asegura sufrir por parte de su padre. Según el equipo legal de Juana Rivas, el niño describió situaciones de abuso físico y psicológico, que incluyen amenazas, agresiones y coacciones. Este testimonio, respaldado por informes y denuncias previas, fue suficiente para que la jueza considerara prioritario el interés superior del menor frente a cualquier otra resolución judicial.
Un testimonio desgarrador
Durante su declaración, Daniel relató cómo su padre lo sometía a golpes, insultos y amenazas constantes, llegando incluso a decir que mataría a su madre. Además, confesó el pánico que siente ante la posibilidad de regresar a Italia, donde teme por su vida. Este desgarrador relato fue clave para que el Juzgado decidiera paralizar la restitución del menor al país transalpino.
El abogado de Juana Rivas, Carlos Aranguez, calificó la situación de "inadmisible", criticando que Daniel jamás hubiera sido escuchado en España hasta este momento, a pesar de la gravedad de sus acusaciones. "Estamos hablando de un niño con madurez suficiente para ser oído, ciudadano español, y que se encuentra en territorio nacional", afirmó el letrado, quien se comprometió a seguir luchando por la seguridad del menor.
El papel de la Fiscalía y el Ministerio
La decisión de la jueza no llegó sin una fuerte presión de la Fiscalía y del Ministerio de Juventud e Infancia. Ambos organismos intervinieron para exigir medidas cautelares que garantizaran la protección del niño. La Fiscalía presentó un escrito fundamentado en convenios internacionales, como el de La Haya, que permite a los Estados adoptar medidas urgentes en casos de riesgo para menores. Por su parte, el Ministerio destacó la importancia de escuchar a Daniel antes de ejecutar cualquier resolución que pudiera vulnerar sus derechos fundamentales.
Un periplo judicial complejo
El caso ha pasado por varias instancias judiciales en España e Italia, reflejando la complejidad de los litigios internacionales de custodia. Este martes, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Granada decidió inhibirse en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de la ciudad. Sin embargo, la magistrada titular se encontraba de vacaciones, lo que bloqueó cualquier decisión inmediata. Ante esta situación, el equipo legal de Rivas recurrió al Juzgado de Guardia como última opción, logrando finalmente la suspensión de la entrega.
Mientras tanto, en Italia, el Tribunal de Cagliari había rechazado el lunes la petición de Juana Rivas para que su hijo permaneciera en España. Sin embargo, la Fiscalía italiana mantiene abiertas diligencias contra Arcuri por presuntos malos tratos habituales a sus hijos, un elemento que suma peso al caso.
Un respiro para Juana Rivas
Para Juana Rivas, esta decisión representa un alivio temporal en su lucha por proteger a sus hijos. Condenada en 2017 por sustracción de menores, la madre granadina ha seguido enfrentándose a la justicia para denunciar los abusos que, asegura, han sufrido sus hijos en Italia. "No vamos a rendirnos hasta que Daniel esté a salvo", aseguró su abogado, enfatizando la importancia de la justicia en la protección de los menores.
La situación de Daniel queda ahora en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada, que deberá decidir sobre las medidas definitivas. Mientras tanto, el menor continuará viviendo con su madre en España, bajo la protección de la justicia española.
El caso de Juana Rivas vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales al lidiar con situaciones internacionales de custodia, donde el bienestar de los menores debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.