La Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección del consumidor de 25 Estados miembros, así como de Islandia y Noruega, ha publicado los resultados de un estudio de detección ('barrido') realizado entre comerciantes en línea que venden bienes de segunda mano, como ropa, equipos electrónicos o juguetes.
Los controles están coordinados por la Comisión Europea y llevados a cabo simultáneamente por las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley. El objetivo de estos controles era verificar si las prácticas de estos comerciantes cumplen la legislación de la UE en materia de consumo. Las autoridades de consumo examinaron a 356 comerciantes en línea e identificaron a 185 (52 %) como posibles infractores de la legislación de la UE en materia de consumo.
Del total de comerciantes examinados, el 40% no informó a los consumidores de su derecho de desistimiento de forma clara, como el derecho a devolver el producto en un plazo de 14 días sin justificación ni coste; el 45% no informó correctamente a los consumidores sobre su derecho a devolver productos defectuosos o que no se ven o no funcionan como se anuncian; el 57% no respetó el plazo mínimo de un año de garantía legal para los bienes de segunda mano; del 34% de los comerciantes que presentaron declaraciones medioambientales en su sitio web, el 20% no estaban suficientemente fundamentadas y el 28% eran manifiestamente falsas, engañosas o susceptibles de ser calificadas como prácticas comerciales desleales, y el 5% no proporcionó correctamente su identidad y el 8% no facilitó el precio total del producto , incluidos los impuestos.
Las autoridades de consumo decidirán ahora si toman medidas contra los 185 comerciantes que fueron seleccionados para una mayor investigación y solicitan el cumplimiento de acuerdo con sus procedimientos nacionales.
La Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) es una red de autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación de la UE en materia de protección del consumidor. Bajo la coordinación de la Comisión Europea, colaboran para hacer frente a las infracciones de la legislación en materia de consumo que se producen en el Mercado Único.
Las obligaciones de los comerciantes en materia de información al consumidor están contempladas en la Directiva sobre los derechos de los consumidores y la Directiva sobre el comercio electrónico . Las prácticas comerciales de los comerciantes no deben inducir a error a los consumidores y deben cumplir con la Directiva sobre prácticas comerciales desleales . Al vender bienes de segunda mano, los comerciantes también deben respetar sus obligaciones en materia de garantía legal de conformidad establecida en la Directiva sobre la compraventa de bienes .
La nueva Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica , una vez que los Estados miembros la hayan transpuesto a su legislación nacional, garantizará que los consumidores reciban mejor información sobre la durabilidad y la posibilidad de reparación de los bienes y sobre los derechos de garantía legal del consumidor en el punto de venta. También reforzará las normas de protección del consumidor contra las prácticas de blanqueo ecológico y de obsolescencia temprana.
Los principales sectores de actividad afectados son ropa, accesorios, equipos electrónicos, juguetes y artículos de juego, libros, electrodomésticos, decoración de interiores y muebles, CD y vinilos, productos de puericultura, automóviles (incluidos los eléctricos), artículos deportivos, recambios, motos y bicicletas, artículos de jardinería, bricolaje y otros.