El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación a las plataformas de anuncios de viviendas turísticas. El departamento liderado por Pablo Bustinduy busca que estas empresas proporcionen información sobre la oferta que comercializan en ciertas ciudades, donde se detecta una discrepancia entre los datos oficiales y los anuncios publicados. LaDirección General de Consumo ya ha enviado los requerimientos correspondientes, ya que se considera que estas plataformas podrían estar incurriendo en prácticas desleales sancionables bajo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cambios en la normativa y primeros pasos
La norma que el Gobierno modificó en 2022, cuando Alberto Garzón era ministro, permite ahora una mayor capacidad sancionadora en materia de Consumo. Esta misma ley fue la base para imponer la semana pasada una sanción récord de 150 millones a cuatro aerolíneas por prácticas comerciales desleales. En el caso actual, el procedimiento está en fase inicial y se ha enviado el requerimiento a las principales plataformas de alquiler turístico. Aunque el ministerio no ha señalado nombres específicos, se sabe que se trata de empresas como AirBnB, una de las más conocidas en este ámbito.
El ministerio ha solicitado a estas plataformas que identifiquen a los arrendadores de los pisos turísticos y confirmen si disponen de las licencias pertinentes. Estos permisos varían entre comunidades autónomas y ayuntamientos, que tienen competencias exclusivas en Turismo y urbanismo respectivamente. Por ejemplo, en Madrid, solo hay unos 300 pisos con los permisos adecuados para alquiler turístico, mientras que el Instituto Nacional de Estadística indica que hay aproximadamente 16.000 apartamentos vacacionales en la ciudad.
Impacto en el acceso a la vivienda y legislación vigente
La situación descontrolada de los apartamentos turísticos es un factor que agrava los problemas de acceso a la vivienda en España, según muchos expertos. Sin embargo, la investigación del ministerio se centra en la lesión de derechos de los consumidores. El artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece las condiciones que deben cumplir las empresas que comercializan servicios o bienes. Uno de los puntos clave es la obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección. En casos graves, las multas pueden llegar hasta los 100.000 euros.
La mayoría de los ayuntamientos en las grandes ciudades españolas disponen de inspectores para vigilar los pisos turísticos, aunque estos servicios son modestos en comparación con la gran oferta disponible. El Ayuntamiento de Barcelona ha mantenido un contencioso con AirBnB durante años, exigiendo que los anuncios incluyan el número de licencia administrativa que acredita la legalidad de los apartamentos vacacionales.
Medidas interministeriales y colaboración gubernamental
Desde el ámbito de la Vivienda, el Gobierno anunció en diciembre pasado la creación de un grupo interministerial para estudiar posibles medidas en materia de alquiler turístico. Aunque el Ministerio de Consumo no ha participado formalmente en este grupo, se sabe que Bustinduy y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, han discutido el tema en varias ocasiones. En una entrevista reciente, Bustinduy manifestó su intención de perseguir la publicidad de viviendas turísticas ilegales.
Rodríguez, por su parte, anunció que adelantará a 2025 la puesta en marcha del nuevo reglamento europeo, que prevé la creación de una plataforma estatal para recopilar los datos y la normativa que afecta a todos los alojamientos turísticos. Esta solución cuenta con la participación del Ministerio de Turismo, pero no del de Consumo, que ha encontrado otra vía basada en su capacidad sancionadora para combatir la oferta ilegal de apartamentos turísticos.
Lainvestigación abierta por Consumo representa un importante paso para controlar y regular el mercado de alquiler turístico, garantizando que se respeten los derechos de los consumidores y se cumplan las normativas vigentes.