Una polémica enmienda legislativa, presentada por los grupos parlamentarios del Partido Popular, VOX y JUNTS, ha encendido la alarma en el mundo laboral y ha puesto en jaque el consenso alcanzado en la reforma laboral de 2021. Esta modificación legal, que extiende de 90 a 120 días el límite anual del contrato temporal por circunstancias de la producción exclusivamente para empresas del sector agrario y agroalimentario, es calificada por sindicatos y organizaciones sociales como una regresión que atenta contra la calidad del empleo y perpetúa la precariedad en uno de los sectores más castigados por la temporalidad en España.
La Ley 1/2025 introduce cambios en el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, ampliando la excepción que permite la aplicación de contratos temporales en el sector agrario y agroalimentario. Con la modificación, se establece que estas empresas podrán utilizar contratos temporales hasta un máximo de 120 días al año, en contraposición al límite general de 90 días, e incluso para campañas de corta duración, permitiéndose hasta 120 jornadas reales anuales.
Este cambio supone una discriminación directa en el tratamiento jurídico-laboral del sector primario e industrial asociado, ya que crea un régimen de excepcionalidad que no se aplica al resto del mercado de trabajo. Según críticos y representantes sindicales, esta distinción no solo vulnera los principios de igualdad, sino que representa un ataque frontal a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, contribuyendo a la precarización de un sector que ya porta el peso de la temporalidad.
Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) se ha rechazado contundentemente la enmienda. En declaraciones, representantes sindicales han afirmado que la medida atenta contra el equilibrio alcanzado en 2021 y demanda una vuelta a un sistema en el que la temporalidad se convierte en la regla en lugar de la excepción. La postura de UGT es que esta modificación, que se introduce sin participación ni consulta en el marco del diálogo social, constituye una ruptura intolerable del pacto social que debería garantizar derechos y estabilidad a los trabajadores.
"El campo y la industria agroalimentaria merecen respeto, dignidad y condiciones laborales equiparables al resto del mercado de trabajo. No podemos permitir que se normalicen regímenes de excepcionalidad que perpetúan la temporalidad estructural y vulneran la calidad del empleo", han manifestado desde UGT, exigiendo además a las organizaciones empresariales firmantes de la reforma—CEOE y CEPYME— que se sumen a la denuncia y rechacen esta modificación que, según ellos, es una traición a los trabajadores y trabajadoras del sector.
La crítica no se limita al aspecto legislativo, sino que se extiende al origen político de la enmienda. La alianza entre partidos de derechas y extrema derecha ha resultado sorprendente para muchos, dada la retórica habitualmente enfrentada entre ellos. Sin embargo, cuando se trata de defender la temporalidad y, por ende, socavar los derechos laborales, estas fuerzas han encontrado puntos de convergencia que han culminado en la aprobación de medidas consideradas regresivas.
La medida ha sido calificada de "ruptura intolerable" en cuanto al acuerdo alcanzado en la reforma laboral de 2021, fruto de un proceso de diálogo y concertación que involucró a todas las partes implicadas. La decisión de modificar unilateralmente los términos pactados sin someterla a debate en el marco del diálogo social no solo debilita la credibilidad del acuerdo, sino que pone en riesgo la confianza entre empleadores, sindicatos y el poder público.
El sistema de negociación social en España ha sido uno de los pilares fundamentales para alcanzar avances significativos en la calidad del empleo. Romper este canal de diálogo supone un riesgo doble: por un lado, se vulnera el consenso que permite consolidar figuras como la del fijo discontinuo en sectores estacionales; por otro, se envía un mensaje de inestabilidad y de desprotección de los derechos laborales adquiridos. La consolidación de la reforma de 2021 es vista como un paso decisivo hacia la modernización del mercado de trabajo español y, en este sentido, la enmienda legislativa supone un retroceso que amenaza esos logros.
El sector agrario y agroalimentario, históricamente afectado por altos índices de temporalidad, podría verse doblemente perjudicado. Por un lado, la extensión del límite anual de contratos temporales a 120 días refuerza un modelo laboral que ha sido señalado como causante de la precariedad y la falta de estabilidad en el empleo. Por otro, al crear condiciones desiguales en relación con otros sectores, se corre el riesgo de que las trabajadoras y trabajadores del campo queden relegados en términos de derechos y protección social.
La crítica se centra en que esta medida, lejos de solucionar las dificultades estructurales del sector, solo sirve para perpetuar un sistema en el que la temporalidad se convierte en una herramienta para maximizar la flexibilidad a costa de la seguridad laboral. Los expertos abogan por políticas que apuesten por la consolidación del empleo estable, en las que se reconozca la experiencia y los méritos de los trabajadores, en lugar de optar por soluciones que, en el corto plazo, puedan parecer ventajosas para la gestión empresarial, pero que en última instancia erosionan el tejido social y laboral.
UGT ha anunciado que se promoverán movilizaciones en todos los ámbitos afectados, con especial atención al sector agrario y agroalimentario de Cataluña. La postura de UGT es clara: no se permitirá que se normalicen regímenes excepcionales que perpetúen la temporalidad estructural y socaven la calidad del empleo. La exigencia es que tanto el diálogo social como las organizaciones empresariales, en su calidad de signatarios de la reforma laboral de 2021, se pronuncien en contra de una medida que ha sido calificada de "regresiva" y que vulnera el pacto alcanzado.
Las movilizaciones y protestas, que ya se vislumbran en el horizonte, son una muestra del enfado y la decepción que sienten miles de trabajadores, y reflejan la necesidad de preservar los avances logrados mediante el consenso social. La lucha por una mayor estabilidad laboral no solo se circunscribe a la defensa de condiciones contractuales más justas, sino también a la protección de un modelo de diálogo social que ha permitido transformar el panorama del empleo en España en los últimos años.
Los sindicatos insisten en que la única manera de revertir la tendencia hacia la precarización es retomar el camino de la concertación, en el que tanto las necesidades empresariales como los derechos fundamentales de los trabajadores sean valorados en igualdad de condiciones. La enmienda legislativa, al distorsionar este equilibrio, obliga a repensar la estrategia de negociación en el ámbito laboral y a reafirmar la importancia de un modelo de empleo que garantice estabilidad, igualdad y justicia social.