Después de casi medio siglo de democracia en España, ningún presidente democrático de este país ha condenado expresamente hasta hoy el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y tampoco la dictadura franquista. Por ello, las asociaciones memorialistas han promovido una iniciativa para que sea Pedro Sánchez el primero que dé este paso adelante para terminar con la “equidistancia” con la que “ni los responsables de las violaciones de derechos humanos del franquismo han sido juzgados ni sus víctimas han accedido a sus derechos de ser asistidas por la justicia”, señala la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nada hace pensar en estos momentos que el recién remozado ejecutivo de Sánchez vaya a realizar una declaración institucional en este sentido.
“Ochenta y cinco años después del golpe de Estado franquista y más de cuarenta del término dela dictadura han supuesto un tiempo insufrible de abandono para cientos de miles de víctimas que han muerto ignoradas por el Estado y sin la capacidad de acceder a sus derechos”, reclama esta asociación en la carta remitida a Sánchez.
Este próximo 18 de julio se cumplen 85 años del golpe de Estado que puso fin a un sistema democrático en España e instauró una cruenta dictadura militar tras tres años de guerra civil. Ni Adolfo Suárez, Ni Leopoldo Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni José María Aznar, Ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy y tampoco hasta ahora Pedro Sánchez han realizado una declaración institucional condenando la barbarie del régimen franquista en España durante cuatro décadas del pasado siglo veinte. Algo impensable en otros países de larga tradición democrática como Alemania, por ejemplo. El 1 de septiembre de 2019, el presidente socialdemócrata de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió perdón al pueblo polaco por las atrocidades cometidas por el régimen nazi. “Me inclino ante las víctimas del ataque de Wielun. Me inclino ante las víctimas polacas de la tiranía alemana. Y pido perdón”, dijo.
En España, la ARMH recuerda que sólo se ha llevado a cabo una “pequeña condena” en la Comisión Constitucional del Congreso el 20 de noviembre de 2002, que según esta asociación fue “poco contundente y condescendiente con las élites de la dictadura”. Para los memorialistas, “no es comprensible que las altas instituciones del Estado no hayan llevado a cabo todavía una condena explícita y contundente de una dictadura que debe ser inaceptable para cualquier ciudadano demócrata, independientemente de su ideología”.
“No es comprensible que las altas instituciones del Estado no hayan llevado a cabo todavía una condena explícita y contundente de una dictadura que debe ser inaceptable para cualquier ciudadano demócrata, independientemente de su ideología”, señala la ARMH
La profunda remodelación del Gobierno realizada el pasado fin de semana por Sánchez ha afectado profundamente a la futura Ley de Memoria Democrática, ya que el nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ya ha avanzado esta misma semana al tomar posesión de su cargo que deja sine die la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley, previsto inicialmente para este pasado martes 14 de julio.
La ex vicepresidenta, verdadera alma máter de esta ley, levaba más de un año puliendo la norma y la llevó por primera vez al Consejo de Ministros, como anteproyecto, en septiembre de 2020. Después de recibir un informe preceptivo muy crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), casi un año después se preveía inicialmente su aprobación como proyecto de ley este pasado martes para remitirla al Congreso. Bolaños tiene otros planes y el presidente del Gobierno tampoco tiene en su agenda contentar a los memorialistas y se suma así a la larga lista de presidentes democráticos de este país que no realizan una condena institucional de una de las fechas y etapas más lamentables de la historia de este país.