La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha reclamado formalmente al Tribunal Constitucional (TC) que aclare por qué ha solicitado la providencia en la que ese mismo órgano judicial cuestionaba el amparo concedido a varios condenados por el caso de los ERE, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La diligencia refleja el malestar de la Audiencia con la actuación del Constitucional, y marca una nueva etapa de fricción entre ambos tribunales. En el documento, la Audiencia pide al TC que "justifique la finalidad o razón de ser" de su solicitud, transmitida mediante un oficio en el que el secretario de la corte de garantías reclamaba el testimonio de la mencionada providencia. Este movimiento del tribunal sevillano no paraliza de inmediato la petición del Constitucional, pero sí podría ser recurrido mediante un recurso de reposición, según se aclara en la propia diligencia. No obstante, dicho recurso no tendrá efectos suspensivos.
El trasfondo jurídico del conflicto va más allá del caso concreto de los ERE. La controversia surge después de que la Audiencia planteara dudas sobre la compatibilidad del amparo del TC con el Derecho de la Unión Europea. En su momento, el tribunal sevillano consultó a las partes si el Constitucional se había extralimitado al intervenir en ámbitos que, considera, están reservados a los jueces ordinarios.
Frente a esta postura, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha abierto una reflexión interna sobre la posibilidad de que un tribunal ordinario pueda acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para elevar una cuestión prejudicial en casos en los que discrepe de una resolución del propio Constitucional.
Según fuentes jurídicas, Conde-Pumpido ha consultado a varios magistrados del tribunal de garantías y tiene previsto solicitar un informe a los letrados del TC que clarifique si un juez español puede plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE contra decisiones del Constitucional. Aunque los tribunales españoles sí tienen competencia para formular este tipo de consultas a la justicia europea, no está claro si esa vía es legítima cuando lo que se pretende cuestionar son resoluciones de la máxima autoridad constitucional del país.
Un conflicto sin precedentes
Este debate interno ya ha sido abordado en el pleno del propio Constitucional. Como parte del proceso, se acordó solicitar oficialmente a la Audiencia de Sevilla la providencia en la que se expresaban las dudas sobre la intervención del TC en el caso ERE. Ahora, con la respuesta de la Audiencia exigiendo justificación, el choque entre ambas instancias judiciales entra en un terreno hasta ahora inexplorado.
El origen de esta situación se remonta a la resolución del Constitucional que, en verano de 2023, anuló la pena de prisión de seis años impuesta a José Antonio Griñán por malversación, y rebajó la condena a Manuel Chaves por prevaricación. La Audiencia sevillana, que dictó la primera sentencia del caso, entendió entonces que el TC podría haber vulnerado el principio de separación de poderes al entrar en el fondo de una decisión judicial ya revisada por el Tribunal Supremo.
El caso ERE, más allá de la política
El caso de los ERE, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Andalucía, ha tenido profundas implicaciones políticas y jurídicas. Ahora, también se convierte en el epicentro de una posible redefinición del equilibrio entre tribunales y de la relación entre la justicia española y las instituciones europeas.
Lo que hasta ahora era una causa penal compleja se convierte, además, en una cuestión de Estado. ¿Puede un tribunal ordinario desafiar al Constitucional? ¿Dónde está el límite entre la revisión de derechos fundamentales y el respeto a la soberanía judicial? Las respuestas a estas preguntas podrían sentar un precedente con implicaciones que van mucho más allá del caso de los ERE.