Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta van a seguir encargándose de controlar judicialmente las actividades del CNI. Ya lo habían hecho en los cinco años anteriores y ahora acaban de ser ratificados por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. Ambos son los candidatos de los conservadores para ocupar las salas segunda y tercera del Tribunal Supremo. La ratificación en sus anteriores cometidos es un detalle revelador de la postura que va a tomar el órgano de los jueces respecto a sus nombramientos. Ambos tienen como contendientes a Pilar Teso para Lo Contencioso Administrativo y Ana Ferrer en la de Lo Penal. Los conservadores dicen que Lucas y Martínez Arrieta tienen “un perfil progresista” pero lo cierto es que ambos han dictado sentencias controvertidas. Pablo Lucas ha sido el ponente de resoluciones en las cuales se anuló el nombramiento como fiscala de sala de Dolores Delgado, y Martínez Arrieta apoyó sin ningún tipo de matiz la condena “por sedición” de los líderes independentistas catalanes cuyo delito, posteriormente, ha desaparecido del Código Penal.
Las salas segunda y tercera del Tribunal Supremo son las instancias clave ya que por ellas pasan los recursos de relevancia pública. La de Lo Contencioso Administrativo examina las decisiones de las administraciones públicas objeto de controversia jurídica mientras que la de Lo Penal se encarga de revisar las condenas por delitos y los presuntamente cometidos por los aforados.
Los magistrados que deseen presidir una sala del Supremo deben encontrarse en activo y contar con al menos tres años de servicios en la categoría. Los candidatos deben aportar una relación detallada de méritos sobre sus conocimientos jurídicos, un programa de actuación con sus iniciativas para mejorar el funcionamiento del órgano y una memoria con las resoluciones de especial interés que hayan dictado. El aspirante necesita el apoyo de tres quintos del CGPJ, por lo que debe poner de acuerdo a 13 de sus 21 miembros.
Se da la paradoja de que debe ser la comisión de calificación la que debe proponer el candidato al pleno del CGPJ. Y, otro factor a favor de los conservadores, su presidente es el juez Ángel Hurtado, que, curiosamente, es vocal del consejo a propuesta del PP y, además, instruye en el Supremo como juez de la sala de Lo Penal, la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. No se entiende bien cómo puede compatibilizar las dos funciones, pero el caso es que mientras trabaja en el órgano de gobierno de los jueces a su vez se encarga de juzgar en nombre del Supremo. Mas claro, el agua.
Pablo Lucas preside la sala de lo Contencioso Administrativo de forma temporal desde el 31 de diciembre de 2022, Lo mismo ocurre en la Sala de lo Social. En este caso, la presidencia ha recaído, desde julio del año pasado, en Antonio Sempere. Todas las salas del Supremo, salvo la militar, se encuentran al mando de un juez en funciones. La sala de Lo Civil estuvo presidida hasta el 10 de noviembre por el magistrado Francisco Marín Castán que ejerció las funciones de presidente del Supremo hasta el nombramiento de Isabel Perelló. Marín Castán se jubiló el 10 de noviembre y ahora toca relevarlo.
Tales circunstancias parecen haber convertido estos nombramientos en un “cambio de cromos”. Los conservadores están dispuestos a ceder a los progresistas las salas de Lo Social y Lo Civil a cambio de situar a Lucas y Martínez Arrieta en las salas consideradas claves en el entramado judicial español. Las cosas están así, en este momento. El bloqueo es evidente ya que los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial no están dispuestos a este intercambio y sin el voto de tres de ellos no habrá nombramiento.
En la propuesta que Isabel Perelló elevó al pleno, la presidenta del TS y del CGPJ señala que la trayectoria profesional de Lucas y de Martínez Arrieta, “con amplia experiencia en el ejercicio de la jurisdicción, su cualificación, su sólida formación jurídica, la solvencia y profesionalidad con que han ejercido hasta ahora el cargo, les acreditan como profesionales idóneos para el ejercicio de tan importante función jurisdiccional”. Y esos argumentos dan pistas sobre la hoja de ruta que mantiene a la hora de designar a los presidentes de sala.
Los progresistas quieren que dos mujeres se hagan cargo de estas presidencias alegando que “más de la mitad de los jueces en activo son mujeres” por lo que corresponde que sean ellas las que se hagan cargo de los puestos de mayor responsabilidad de la judicatura. En cambio, los conservadores argumentan que deben ser los méritos los que se tengan en cuenta a la hora de evaluar estas designaciones y, por lo que dice la Perelló en su propuesta, los tiros van por ahí. Los candidatos de la derecha judicial son “solventes” y su profesionalidad les acredita para ejercer las funciones para las que han sido designados.
No se debe olvidar que Martínez Arrieta ha sido el “número dos” de Manuel Marchena, el presidente de la sala de Lo Penal que dejó sus funciones el pasado 5 de noviembre pero que sigue en activo y, por lo que se dice por ahí, influyendo sobremanera no sólo en las decisiones de la sala sino de la casi totalidad de la judicatura. Marchena manda ahora “por la puerta de atrás”, tal y como dijo el portavoz del Partido Popular, Ignacio Coisidó, cuando estuvieron a punto de lograr su designación como presidente del Consejo General del Poder Judicial.