A pocas horas de hacerse pública la sentencia a la que se enfrenta Daniel Sancho por el posible asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia, y a pesar de los ríos de tinta que el caso ha suscitado, sigue habiendo preguntas en el aire: ¿Qué consecuencias tiene cometer un delito en el extranjero y regresar a tu país de origen?, ¿en qué casos es posible la extradición de un presunto culpable? o ¿las penas por dicho delito computan igual en ambos estados?
En derecho penal la jurisdicción penal de los tribunales españoles viene determinada por el lugar donde se comete el delito. Por lo general, juzgará el delito el juez del lugar donde se ha cometido el hecho delictivo. Si se comete un delito en el extranjero y se regresa a España, el estado en el que se ha cometido el delito puede solicitar la extradición. Salvo en algunos países como México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Chile, República Dominicana, Uruguay y Colombia, la mayoría de los estados niegan la extradición de sus propios nacionales, aunque en el derecho internacional se establezca la obligación de extraditar. En la práctica, el estado tiene facultad para hacerlo o no y, en caso de negarse, debe juzgar al presunto culpable e informar al estado de origen del resultado del juicio.
La mayoría de los países suelen acordar la prohibición de abandonar el país donde se ha cometido un delito, salvo que cuenten con una autorización expresa para ello. El español que comete un delito en el extranjero puede verse sometido a una prohibición de salida en el aeropuerto cuando las autoridades extranjeras le impiden embarcar en un vuelo internacional o cruzar la frontera, pero dejan a la persona en libertad para viajar dentro del país extranjero que investiga la comisión del delito.
Con qué países es posible la extradición para cumplir condena en el país de origen
Los tratados internacionales y las leyes de los estados implicados regulan los requisitos y procedimientos para la extradición y, como regla general, rige el principio de reciprocidad. Cada estado tiene plena soberanía para determinar si concede o no la extradición de sus nacionales o de los extranjeros que residan en su territorio. Por tanto, se deben revisar los acuerdos de extradición firmados entre España y el resto de los países.
Por ejemplo, España es uno de los países firmantes del Acuerdo de Schengen, por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores entre ellos y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores con terceros países. Los países participantes aplican normas comunes para controlar las fronteras exteriores y también en materia de visados y de cooperación entre los servicios policiales y judiciales en el ámbito penal.
Además de con todos los países de la Unión Europea, con quien existe un proceso de detención y entrega y cooperación entre autoridades jurisdiccionales que sustituye la extradición, también conocida como Orden Europea de Detención y Entrega, España tiene acuerdos con Armenia, Corea del Sur, Mónaco, Reino Unido, Sudáfrica y Suiza, todos están adheridos al Convenio del Consejo de Europa. También existen otros acuerdos como el Convenio de Montevideo de 1993 o la Convención Interamericana sobre Extradición de 1981.
Por el contrario, hay una serie de países que no tienen tratado con España en esta materia comoAngola, Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Congo, Corea del Norte, Egipto, Etiopia, Fiyi, Filipinas, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Siria, Kenia, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia o Tailandia, Maldivas, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nigeria, Qatar, Samoa, Senegal, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tanzania, Túnez o Vietnam.
Con algunos países como Tailandia existen "acuerdos de transferencia de presos" donde ambos estados se ponen de acuerdo y por razones políticas pueden llegar a admitir la entrega de un condenado en Tailandia para que termine de cumplir su condena en España, pero han de ser penas homologables y de la misma naturaleza.
Cuándo se puede solicitar la extradición de un nacional
Procede pedir la extradición según los artículos 824 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: de españoles que hayan delinquido en España y se fuguen a un país extranjero; de españoles que hayan delinquido contra la seguridad exterior de España en el extranjero; de extranjeros que deban ser juzgados en España y se encuentren en un país distinto del suyo, y cuando lo autoricen las leyes y tratados internacionales.
Es necesario que concurran los siguientes requisitos: que se haya dictado auto de prisión o recaído sentencia firme o que proceda su concesión conforme a un tratado internacional, el principio de reciprocidad o el derecho del país al que se solicita.
Los jueces y magistrados que serían los competentes para juzgar los hechos son los que tienen que hacer la solicitud de la extradición, directamente si un tratado internacional lo autoriza o a través del Ministerio del Interior.
Aunque se puede solicitar la entrega del español condenado en el extranjero para que cumpla en España la condena, es distinto de que se pueda conseguir el cumplimiento en el sistema penitenciario español de sentencias condenatorias pronunciadas por Tribunales extranjeros.
En primer lugar, el traslado siempre dependerá de ser solicitado por el interesado –salvo en el espacio Schengen- y, en segundo lugar, que el Gobierno español decida reclamar la ejecución de esa condena en nuestro país, haciéndose cargo de los gastos del traslado con la custodia correspondiente, y de que, en último caso, el Gobierno requerido acepte esa petición.
Si se es extraditado, ¿la pena se mantiene igual que en el país de los hechos?
Las penas tienen que ser homologables y no podría cumplirse en España, por ejemplo, una pena de muerte o cadena perpetua, al no existir en nuestro sistema jurídico.
¿La cadena perpetua es homologable a la prisión permanente revisable?
No porque la cadena perpetua no es revisable y, además, no son penas homogéneas.