El Consejo General del Poder Judicial vuelve a asomarse al abismo del bloqueo institucional. Isabel Perelló ha decidido llevar por tercera vez al Pleno el nombramiento de los presidentes de dos salas clave del Tribunal Supremo, apremiando a los vocales a salir del callejón sin salida en el que llevan meses atrapados. El desencuentro entre progresistas y conservadores amenaza con consolidar una interinidad que socava la legitimidad del órgano.
La presidenta del CGPJ ha incluido nuevamente los nombramientos de las presidencias de la Sala de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en el orden del día del Pleno del 7 de mayo, consciente de que la parálisis actual no puede prolongarse "sine die". Es el tercer intento desde febrero para forzar un pacto que, hasta ahora, ha fracasado ante el férreo enroque de los dos bloques.
El sector conservador apuesta firmemente por mantener a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, ya presidentes interinos de las salas Segunda y Tercera, apelando a su veteranía y continuidad. El ala progresista, en cambio, insiste en el cumplimiento de la ley de paridad y defiende el nombramiento de Ana Ferrer y Pilar Teso, cuya candidatura respaldan por su visión renovadora.
Sin incentivos para ceder, el pacto se aleja
La decisión del Pleno del 26 de febrero de desglosar los nombramientos por salas —que permitió el acceso de un conservador y una progresista a otras presidencias del Supremo— dejó sin alicientes al bloque conservador, que ya ejerce "de facto" el control de las vacantes ahora en disputa. La consecuencia es un bloqueo de facto que favorece la inercia y debilita la independencia real del órgano.
Con una composición empatada —diez vocales conservadores y diez progresistas—, se necesitan 13 votos para aprobar cualquier nombramiento, lo que obliga a consensos que parecen cada vez más lejanos. Ni siquiera un tímido acercamiento informal, que barajó una fórmula mixta (Martínez Arrieta y Teso), logró traducirse en una propuesta formal.
La Sala de lo Penal y la de lo Contencioso no son dos cargos más
Ambas tienen un peso institucional y político de primer orden: la primera puede juzgar a aforados, incluidos miembros del Gobierno; la segunda vigila la legalidad de los actos del Ejecutivo. En este contexto, la ausencia de acuerdo no solo refleja un problema de funcionamiento interno, sino que impacta directamente en el equilibrio de poderes del Estado.
Aunque ha conseguido avanzar en otros nombramientos, la presidenta del CGPJ vuelve a enfrentarse a una pared. Si el Pleno del 7 de mayo concluye sin acuerdo, la credibilidad del Consejo quedará aún más erosionada, en un momento en el que se exige transparencia, renovación y altura de miras.
La tercera tentativa podría ser la última oportunidad antes del descrédito definitivo.
El CGPJ está llamado a ser garante de la justicia, no rehén de las trincheras ideológicas. En un momento político y social de alta tensión, la incapacidad de sus vocales para pactar amenaza con convertir al Consejo en un órgano institucionalmente disfuncional. Y mientras los sillones siguen vacíos, la justicia queda, una vez más, en espera.