El abogado de Alberto González Amador no se lo cree. Había pedido al juez Ángel Hurtado la intervención de las comunicaciones de la fiscalía general del Estado correspondientes a las fechas en las que se intercambiaron las ofertas del acuerdo de conformidad sobre los delitos de fraude a la Hacienda y falsedad documental cometidos por la pareja de Ayuso. Pero el magistrado ha ido mucho más lejos y ordenó la ocupación y el registro de las oficinas de Álvaro García Ortiz y de su subordinada, la fiscala superior de Madrid. Se clonaron cuentas de correo, discos duros de ordenadores, tablets y teléfonos móviles. Por escrito, Hurtado dispuso, también, “la aprehensión del teléfono o teléfonos móviles del interesado”. El letrado nunca pensó que se llegase a tanto. Pero si se analiza la trayectoria de este juez se llega a la conclusión de que es capaz de eso y de más. Aquí mismo ya se ha dicho que es “un duro entre los duros”. Es el perfecto halcón del conservadurismo judicial que no va a parar hasta ver a Álvaro García Ortiz en la cárcel. Es el enemigo a batir porque saben el desgaste que eso supone para la izquierda.
Es difícil de entender esta cacería del Tribunal Supremo contra García Ortiz. El historial del fiscal general del Estado no es el de un personaje situado en un extremo ideológico. Designado por el gobierno debido a su proximidad a la anterior fiscala general, Dolores Delgado, de la que fue jefe de su secretaría técnica, ha desarrollado su carrera en Galicia. Es verdad que se ocupó de la investigación del hundimiento del petrolero Prestige y que quiso llamar, entonces, al ministro de Interior de la época, Mariano Rajoy. Pero de ahí nunca pasó hasta que le llamó Delgado. La anterior fiscala general fue cuestionada por su propio colectivo por haber ocupado el cargo inmediatamente después de ser cesada como ministra de Justicia. Es una guerra larvada dentro de las asociaciones de la carrera fiscal. García Ortiz pertenece a la Unión Progresista de Fiscales que ha perdido poder en los últimos años mientras que sus oponentes, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, han ido ganando terreno hasta el punto de arrasar en las elecciones al Consejo Fiscal convirtiéndose en la permanente oposición a las iniciativas que se toman en el seno del organismo.
García Ortiz se ha ido ganando, poco a poco, la enemistad de sus subordinados. Y esa es la dura realidad. En Madrid sólo tiene el apoyo de la fiscal superior. En el Supremo los “fiscales rebeldes”, los que participaron en el proceso a los independentistas catalanes, se la tienen jurada. Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno se negaron a acatar la orden de pedir la aplicación de la ley de amnistía. El que fue fiscal jefe anticorrupción, Javier Zaragoza, está convencido de que cuando llegue el Partido Popular al poder será nombrado fiscal general. Consuelo Madrigal ya ocupó ese cargo con el gobierno de Mariano Rajoy. Y Fidel Cadena se ha convertido en el líder del grupo que se opone a todas las propuestas que hace la cúpula del ministerio público dentro del consejo de fiscales de sala. Sólo su teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, muestra su total apoyo a su superior.
En el seno de la carrera fiscal, García Ortiz tiene muchos enemigos y muy poderosos. Pero no sólo ahí sino también entre los jueces. Mediante un cuestionado sistema de reparto, la derecha judicial consiguió la designación del magistrado Ángel Hurtado como instructor del procedimiento contra el fiscal general del Estado y la fiscala superior de Madrid por un posible delito de revelación de secretos, la famosa filtración a la SER, el 13 de marzo, del correo en el que el abogado de González Amador proponía un acuerdo de conformidad en el cual su cliente reconoce la comisión de dos delitos de fraude fiscal, el pago de un total de 500.000 euros y una pena mínima de cárcel que no cumplirá por carecer de antecedentes penales.
En su singladura jurídica, Ángel Hurtado es el protagonista de decisiones controvertidas. Llegó al Tribunal Supremo de la mano de Carlos Lesmes y su designación fue el vaso que colmó la paciencia de la izquierda dando lugar al famoso decreto de mayo de 2022 mediante el cual se limitaban las competencias del consejo en materia de nombramientos.
Su historial merece mención aparte. Presidió el primer gran juicio del caso Gürtel. Otro magistrado conservador, Enrique de Diego, y el progresista, José Ricardo de Prada completaban el tribunal. Durante la vista oral, se opuso a llamar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hurtado intentó que se excluyese de la causa la alusión a la financiación irregular del Partido Popular, algo a lo que se opusieron sus compañeros, y en especial José Ricardo de Prada quien, desde entonces, figura en la lista negra de la derecha judicial siendo vetado como vocal del recientemente nombrado Consejo General del Poder Judicial.
Hurtado es amigo personal de Enrique López, exconsejero de presidencia y Justicia de la CAM con Isabel Díaz Ayuso y ahora incorporado a su plaza de la Audiencia Nacional. Tal vez por eso, se opuso radicalmente a la recusación de su amigo y de su compañera, la también significada jueza próxima al PP, ahora en el TC, Concepción Espejel. Se llegó a la conclusión de que ambos estaban contaminados y que no podían juzgar al Partido Popular en otro juicio de Gürtel, el que entraba de lleno en la caja B del partido. Espejel y López fueron apartados por carecer de la imparcialidad necesaria.
El juez también tiene otras actuaciones polémicas. Archivó la causa de José Couso, el cámara de Telecinco fallecido durante la guerra de Irak después de que soldados norteamericanos bombardeasen el hotel donde se hospedaba la prensa. Absolvió a Luis Gutiérrez, dirigente de Nuevas Generaciones del PP, en un juicio de apelación contra Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M, por llamarla “infame. Cada día dudo más que el hijo de esa tipeja fuese el 11M en un tren… deplorable su actitud”. El magistrado justificó estas manifestaciones por la condición de “personaje público de Manjón”. Y, por último, formó parte del juicio del llamado “Caso Faisán” un chivatazo al aparato de extorsión de ETA alertándolos de una redada.
Con ese curriculum, Ángel Hurtado ha incautado todas las herramientas de comunicación de una de las máximas autoridades del Estado. Aunque ha declarado secretas las actuaciones, algún día las acusaciones podrán acceder a toda esta documentación. Y no hay que olvidar que, entre las asociaciones personadas en la causa están Vox, Hazte Oír y Manos Limpias y todos conocemos el uso que hacen de este tipo de informaciones.