La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha comparecido este jueves en el Tribunal Supremo como imputada por un presunto delito de revelación de secretos en relación con el expediente tributario de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Durante su declaración, Rodríguez ha negado haber filtrado el correo electrónico de su abogado, en el que admitía los delitos fiscales y solicitaba un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel.
Según ha explicado la fiscal provincial, al menos 571 personas relacionadas con la Fiscalía tuvieron acceso al expediente completo del caso, y 60 pudieron consultar directamente el correo remitido por la defensa de González Amador. Rodríguez ha destacado que también otras instituciones, como la Agencia Tributaria y el decanato de los juzgados de Madrid, tuvieron acceso a la información, lo que pone en duda que la filtración provenga del Ministerio Público.
Filtración del correo
El juez instructor, Ángel Hurtado, ha insistido en que la investigación no se limita a la filtración del correo, sino que también abarca la difusión de la denuncia y del expediente tributario de González Amador. Según ha manifestado en la sala, la nota de prensa emitida por la Fiscalía para desmentir las informaciones promovidas por el entorno de Ayuso podría haber revelado datos protegidos.
Rodríguez ha subrayado que actuó conforme a los principios de unidad y jerarquía del Ministerio Público. Ha asegurado que, cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le solicitó la información, ella se limitó a cumplir con su obligación de reportar casos de interés mediático. La fiscal también ha desmentido a su superior, Almudena Lastra, quien afirmó que le advirtió sobre el riesgo de filtración si enviaba los correos a la Fiscalía General.
El interrogatorio ha girado en torno a la gestión de la información dentro de la Fiscalía y el posible uso indebido de datos confidenciales. El juez ha cuestionado a Rodríguez sobre la legalidad de divulgar información relativa a una investigación en curso, a lo que la fiscal ha respondido que es una práctica habitual en casos de relevancia pública, citando como ejemplo los comunicados emitidos en casos como los de Cristiano Ronaldo o Shakira.
Ha defendido la legalidad de la nota de prensa
Durante su comparecencia, Rodríguez ha defendido la legalidad de la nota de prensa emitida por la Fiscalía y ha recordado que, en su momento, el Tribunal Supremo no consideró delictiva su publicación. Sin embargo, el juez Hurtado ha insistido en que una frase en la que se menciona la admisión de dos delitos por parte del abogado de González Amador podría constituir una revelación indebida de información reservada.
Por otro lado, la investigada ha hecho hincapié en que varios periodistas, citados como testigos, han declarado que ya conocían la existencia del correo antes de que este llegara a la Fiscalía General. Además, según ha recordado, el periódico El País reveló que tenía constancia de la negociación entre la defensa de González Amador y la Fiscalía desde el mediodía del 12 de marzo, lo que refuerza la posibilidad de que la información se filtrara desde otros entornos.
La fiscal provincial también ha cuestionado algunos puntos del informe de la Guardia Civil, especialmente en lo que respecta a la interpretación de sus mensajes internos. Ha calificado de "humillante" que se insinúe que buscaba un ascenso en el momento de los hechos cuando, según ha explicado, acababa de ser renovada en su cargo y no podía optar a otra posición.
La declaración de Rodríguez se ha producido un día después de la del fiscal general del Estado, quien también negó haber ordenado la filtración del correo electrónico o haber participado en la difusión del expediente. García Ortiz rechazó responder a las preguntas del juez al considerar que la instrucción se basa en registros que vulneran su derecho de defensa.
La investigación sigue abierta y el juez Hurtado ha dejado entrever que podría ampliar el objeto de la causa, incluyendo nuevamente la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial. Mientras tanto, la defensa de Rodríguez sostiene que la información sobre el posible acuerdo con González Amador ya circulaba en distintos medios antes de que la Fiscalía tuviera acceso a ella, lo que podría complicar la identificación del origen de la filtración.